Desarrollo social inclusivo

Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza...
Aumentar el nivel educativo de la población se vincula también a la posibilidad de mejoramiento de otros factores
clave de desarrollo y bienestar, como son los de productividad, ingresos, movilidad social, superación de la pobreza
y cohesión social. En especial, el acceso universal a una educación de calidad es un aporte a la construcción de
mayor igualdad en el futuro. Para lograr el cambio cultural y tecnológico indispensable a fin de transitar hacia una
senda de desarrollo sostenible tan necesario en la región se requiere la concurrencia de una educación de calidad
y contenidos adaptados a los retos medioambientales y económicos actuales.
5. La igualdad de género como autonomía y empoderamiento de las mujeres
Mediante el Objetivo 5, de “lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, se pretende
abordar tres dimensiones centrales para la autonomía de las mujeres que son claves para lograr la igualdad: la
económica, la política y la física. Como ha planteado la CEPAL, la autonomía se construye en estas tres dimensiones
de forma interdependiente y desde las esferas de la vida pública y privada. Por ejemplo, la autonomía económica
afecta las otras dimensiones de la autonomía de las mujeres, de la misma manera como la autonomía reproductiva
afecta la autonomía económica (CEPAL, 2010b). En este sentido, la ampliación de las temáticas abarcadas por este
objetivo en comparación con el marco de los ODM constituye una puerta de entrada para un abordaje más integral
de la autonomía.
En general, el Objetivo 5, pero también otros Objetivos de Desarrollo Sostenible podrían ser una oportunidad
para impulsar la agenda de igualdad de género, que en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se
centró mayormente en el acceso a la educación y la disminución de la mortalidad materna. Entre los elementos que
representan un progreso significativo destacan: i) el reconocimiento y valoración del trabajo de cuidado no remunerado,
incluido el trabajo doméstico; ii) la relevancia asignada al derecho efectivo de las mujeres a acceder y controlar los
recursos naturales y productivos y el crédito; iii) el reconocimiento de la vulnerabilidad de ciertos grupos de mujeres
al cambio climático y los desastres naturales; iv) la prioridad otorgada a la erradicación de la violencia contra las
mujeres y las niñas (un fenómeno que impide el empoderamiento y que tiene consecuencias devastadoras para los
individuos, las sociedades y las comunidades en todos los países del mundo), y v) la lucha para erradicar toda forma
de discriminación. La meta 5.1, referente a “poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres
y las niñas en todo el mundo”, puede constituir una oportunidad estratégica, en la medida en que la existencia de
marcos normativos que impidan cualquier forma de discriminación constituiría una contribución sustantiva para
lograr la plena autonomía de las mujeres.
Al abordar la distribución asimétrica del trabajo no remunerado entre hombres y mujeres como una dimensión
central para la reproducción de la desigualdad de género, este objetivo representa una oportunidad para que la
región avance de manera más sustantiva en los esfuerzos que apuntan a la medición del trabajo no remunerando, su
valorización económica y su redistribución dentro de los hogares, así como en la prestación de servicios públicos
amplios, suficientes y de calidad en materia de cuidado. Por estas razones, la transformación de las relaciones
desiguales de poder entre hombres y mujeres en América Latina y el Caribe implica atacar barreras estructurales que
impiden la autonomía de las mujeres en los ámbitos público y privado.
Cabe mencionar que en el marco de las sucesivas reuniones de la Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe, la región ha desarrollado en los últimos años una agenda en favor de la igualdad de
género que en buena medida se ha adelantado a los temas recién incorporados en la agenda mundial. Prueba de
ello son los compromisos asumidos por los países en ese ámbito. Por ejemplo, en el Consenso de Santo Domingo,
aprobado en la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en 2013, se establecieron en
detalle compromisos de política en torno al empoderamiento económico y político de las mujeres, su salud sexual
y reproductiva, y el papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones como vehículo para lograr un
mayor empoderamiento de las mujeres y, en general, para la igualdad de género, entre otros aspectos (CEPAL, 2013).
Lo mismo puede afirmase con respecto a la violencia contra la mujer: la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) ha sido desde 1994 una plataforma
para poner en el centro de la agenda regional el combate a todas las formas de violencia que padecen las mujeres,
tema que no estuvo presente en el marco de los ODM, pero que sí es abordado en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (OEA, 1994).
Capítulo V
165