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Desarrollo social inclusivo

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<strong>Desarrollo</strong> <strong>social</strong> <strong>inclusivo</strong>: una nueva generación de políticas para superar la pobreza...<br />

por parte de los 15 países de la región que lo han ratificado. Es necesario también fortalecer los mecanismos de<br />

protección de los derechos de los pueblos indígenas implementados en el sistema de las Naciones Unidas, con<br />

miras a la aplicación efectiva del conjunto de recomendaciones existentes y el monitoreo del cumplimiento de los<br />

estándares internacionales. En el plano nacional, si bien se reconocen importantes progresos, estos continúan siendo<br />

insuficientes y las desigualdades étnicas aún son profundas. En un contexto de mayores dificultades económicas, la<br />

consolidación de estos avances requiere voluntad política y que los Estados redoblen los esfuerzos, especialmente<br />

para promover la participación y respetar la autonomía de los pueblos indígenas (CEPAL, 2014b).<br />

La población afrodescendiente de América Latina también sufre una exclusión y discriminación estructural que<br />

se sigue reproduciendo en diversos ámbitos de la vida económica, <strong>social</strong> y política. Para enfrentar esta situación de<br />

desventaja, los afrodescendientes han actuado colectivamente exigiendo el respeto de sus derechos y el cumplimiento<br />

de los compromisos adquiridos en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia<br />

y las Formas Conexas de Intolerancia, que obliga a los Estados a reducir la exclusión, la discriminación y la pobreza<br />

en que viven sus pueblos como consecuencia del racismo (CEPAL, 2009).<br />

Se requiere avanzar hacia nuevas formas de ciudadanía, basadas en el combate a todas las formas de discriminación<br />

y en la implementación de políticas activas de promoción de la igualdad de oportunidades y de trato. En los<br />

últimos años, los Estados, los organismos internacionales y la sociedad civil han realizado grandes esfuerzos en ese<br />

sentido, pero el avance es desigual en los distintos países. Mientras unos han creado cuerpos legales y organismos<br />

para la promoción de la igualdad racial o han implementado políticas de acción afirmativa de diversos tipos, otros<br />

aún se encuentran en una fase de reconocimiento o exploración de la problemática. En cada país, los ritmos de<br />

implementación de políticas, instituciones, programas y acciones han dependido de diversos factores, entre los que<br />

se cuenta la voluntad política, la capacidad estatal, el desarrollo de la democracia y, sobre todo, la capacidad de los<br />

grupos afectados para posicionar la temática en la opinión pública y en la agenda <strong>social</strong> (CEPAL, 2009).<br />

Tanto en el caso de los pueblos indígenas como en el de los afrodescendientes, es necesario redoblar los<br />

esfuerzos para fomentar programas de promoción de la igualdad y mejoramiento de las condiciones de vida, entre<br />

los que se encuentran los programas de transferencias de ingreso y las políticas de empleo y acceso a trabajo<br />

decente, educación y vivienda, así como de acceso a tierras y demás recursos productivos que incluyan la gestión<br />

y el resguardo de los recursos naturales y la biodiversidad. Se requiere, además, la implementación de programas<br />

de salud integrales, destinados a esas poblaciones en áreas rurales y urbanas, y modelos educativos con vocación<br />

multicultural. Transformar las condiciones que permiten la discriminación incluye el acceso a mejores condiciones<br />

de vida, pero también la participación y la toma de decisiones en las estructuras de poder y en los órganos de<br />

representación popular (CEPAL, 2009; Hopenhayn, Bello y Miranda, 2006).<br />

E. Reducir las desigualdades territoriales<br />

La desigualdad regional y la heterogeneidad entre las entidades territoriales subnacionales en cuanto a sus niveles<br />

de ingresos, pobreza, productividad, acceso al bienestar y dotación de recursos naturales, ha sido un rasgo histórico<br />

y estructural de varios países de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2012c). Las desigualdades territoriales limitan<br />

a la población el ejercicio de sus derechos, lo que adquiere mayor intensidad y un significado particular en el caso<br />

de los pueblos indígenas, ya que el territorio es fundamental en la definición de su identidad 27 .<br />

Para lograr una mayor igualdad es indispensable reducir las brechas entre los territorios —tomando especialmente<br />

en cuenta las condiciones del medio rural— y adoptar políticas públicas que contemplen no solo la convergencia<br />

productiva, sino también la convergencia espacial (CEPAL, 2010a) (véanse el recuadro IV.5 y el recuadro IV.6).<br />

27<br />

Si bien la legalización de los territorios indígenas constituye una condición imprescindible del derecho territorial, junto con ello<br />

se requieren otras medidas efectivas que permitan garantizar logros tangibles en el mejoramiento de las condiciones económicas y<br />

<strong>social</strong>es de estos pueblos (CEPAL, 2014c).<br />

Capítulo IV<br />

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