Desarrollo social inclusivo

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
programas de educación técnica secundaria, postsecundaria técnica y profesional y educación terciaria (universitaria)
de forma de otorgar a jóvenes y adultos la posibilidad de continuar con los estudios a partir de programas compatibles
e intercambiables entre sí, que a la vez incluyan salidas intermedias acreditadas (Trucco y Ullmann, 2015).
A su vez, se sugieren estrategias que apunten a mejorar las oportunidades de inserción laboral mediante
educación, formación y competencias, pasantías y aprendizajes, y promoción de programas de iniciativa empresarial
y empleo por cuenta propia (OIT, 2013). Estos esfuerzos deben buscar la articulación de la variada oferta educativa
(y de capacitación) con las demandas proyectadas de fuerza laboral con diversos tipos de calificación. Convendría,
en ese sentido, impulsar la evaluación de programas de emprendimiento juvenil, su diversificación y diagnósticos
adecuados acerca de la masividad de su impacto para ajustar la oferta programática, y mejorar la articulación con
otros programas de capacitación y con las demandas efectivas del mercado (Trucco y Ullmann, 2015).
D. Enfrentar todas las desigualdades, especialmente
las de género, étnicas y raciales
A la desigualdad del ingreso determinada por la inserción laboral y la heterogeneidad de la estructura productiva se
suman otras, relacionadas con aspectos políticos, sociales y culturales, y con mecanismos de discriminación que se
reproducen en diversos ámbitos socioeconómicos, como el trabajo, la salud, la educación, la cultura y la participación
política y ciudadana. Estas desigualdades son determinantes de las situaciones de pobreza y constituyen grandes
barreras para su superación. Se requiere entonces desarrollar políticas que incorporen incentivos y regulaciones para
evitar discriminaciones, promover activamente la igualdad y asegurar derechos de ciudadanía 25 .
Si bien en la región se ha producido una notable modificación de las relaciones de género, que ha conducido a
la conquista de más derechos, una mayor igualdad y un mayor protagonismo político y económico de las mujeres,
se observa el peso de las prácticas, las ideas y las estructuras de subordinación, que se suman al surgimiento de
nuevas desigualdades y dificultan que los logros alcanzados, como el educativo, se traduzcan en mayor bienestar
(CEPAL, 2010b). De allí la importancia de avanzar en varios ámbitos, en particular hacia una mayor autonomía
económica de las mujeres, discutida en la sección C.5.
La discriminación étnica y racial hunde sus raíces en la historia de América Latina y el Caribe y significó el
confinamiento de parte de la población a la esclavitud, el sometimiento y la expropiación de recursos. No obstante
el desarrollo y la modernización, la estructura productiva y las estructuras de oportunidades han consagrado patrones
de reproducción de la desigualdad basada en el origen racial y étnico, el género y la clase social (CEPAL, 2010a).
Un gran desafío que enfrenta la región en la búsqueda de la igualdad es priorizar las políticas de promoción y de
resguardo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas y la población
afrodescendiente que, como se ha señalado en el capítulo I, sufren con más intensidad y severidad la pobreza y la
indigencia, así como los déficits de trabajo decente. Avances en esta materia pueden apreciarse en el reconocimiento
constitucional que algunos países han hecho de las culturas y lenguas presentes en sus territorios (Bello y Rangel, 2002),
así como también en la visibilidad estadística que muchos países de la región están impulsando.
Los avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en el plano nacional como
internacional, han sido el fruto de un largo camino de luchas y reivindicaciones de sus organizaciones, a lo largo
del cual se han ido plasmando sus derechos en instrumentos internacionales, en las legislaciones nacionales y en
la institucionalidad de los Estados (CEPAL, 2014b). 26 Sin embargo, estos procesos son heterogéneos e incompletos
y necesitan fortalecerse. En el plano internacional, es preciso renovar el compromiso con los pueblos indígenas y
lograr que se exprese en la dotación de los recursos necesarios para implementar la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y dar pleno cumplimiento al Convenio núm. 169 de la OIT
25
Además de las dimensiones mencionadas (género, raza y etnia), otras desigualdades se vinculan, por ejemplo, con el ciclo de vida
(niños, jóvenes, adultos mayores), la discapacidad y la condición de desplazado interno o migrante.
26
Entre la normativa internacional que ampara esos derechos se destacan el Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958
(núm. 111), el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) y la Declaración y Plataforma de Acción de Durban, que
surgieron de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia,
celebrada en Durban (Sudáfrica) en 2001. Véase un análisis al respecto en el capítulo III.
Capítulo IV
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