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<strong>Desarrollo</strong> <strong>social</strong> <strong>inclusivo</strong>: una nueva generación de políticas para superar la pobreza...<br />
no implica proveer servicios uniformes para una población heterogénea, sino adaptar dichos servicios para cubrir<br />
brechas diferenciadas y asegurar a todos el goce de los derechos. De esta manera, la orientación universalista no<br />
está reñida con la focalización, sino que la segunda está al servicio de la primera, sobre la base del reconocimiento<br />
de las diferentes condiciones en que se encuentran las personas (por edad, sexo, raza y etnia, nivel socioeconómico<br />
o situación laboral, entre otras).<br />
Para avanzar hacia la igualdad, el uso de los recursos públicos debe ser eficiente. El principio de eficiencia en<br />
la utilización de los recursos públicos destinados a la política <strong>social</strong> resulta intrínseco a la igualdad, en la medida<br />
en que permite potenciar los principios de universalidad y solidaridad sin contraponerlos. No debe entenderse<br />
exclusivamente en términos de efectos macro y microeconómicos, sino, en última instancia, como la capacidad para<br />
maximizar con recursos escasos los objetivos <strong>social</strong>es definidos (CEPAL, 2000 y 2006). Además, las reformas dirigidas<br />
a fortalecer los sistemas de protección <strong>social</strong> también deben regular las opciones de mercado, con normas que velen<br />
por adecuadas combinaciones público-privadas, a fin de lograr los objetivos deseados (CEPAL, 2007b, pág. 137).<br />
Más allá de los indispensables programas de carácter focalizado, la superación de la pobreza está íntimamente<br />
asociada con la superación de las exclusiones y la convergencia de las prestaciones respecto de la amplia gama de<br />
las políticas <strong>social</strong>es que abarcan, entre otros, a los sistemas de protección <strong>social</strong>. Como el mercado de trabajo no<br />
ha mostrado una suficiente capacidad incluyente, en términos de creación de empleo de calidad ni de cobertura<br />
contributiva, no puede ser el único mecanismo para proteger a la mayoría de la población frente a riesgos relacionados,<br />
por ejemplo, con las fluctuaciones de ingresos, la salud y el envejecimiento. Por eso la protección <strong>social</strong> no debe<br />
quedar restringida a los mecanismos que ofrece el mundo laboral: el gran desafío es replantearla en el marco de<br />
una solidaridad integral donde se combinen mecanismos contributivos y no contributivos (CEPAL, 2006; Cecchini y<br />
Martínez, 2011). A su vez, para ampliar la cobertura y la calidad de la protección <strong>social</strong> es indispensable actuar en los<br />
ámbitos de la estructura productiva y del mercado laboral. De no corregirse —al menos parcialmente— las grandes<br />
disparidades que existen y se reproducen en esos ámbitos, es difícil que las políticas <strong>social</strong>es puedan contribuir<br />
a generar un modelo <strong>social</strong> más <strong>inclusivo</strong>. Para avanzar, deben plantearse relaciones virtuosas con dinámicas del<br />
mercado laboral capaces de ampliar las oportunidades de trabajo decente, ya que el desarrollo histórico de la<br />
protección <strong>social</strong> está vinculado con la legislación laboral, las regulaciones de las condiciones de trabajo y de los<br />
despidos, los convenios colectivos, las políticas de capacitación y educación, y las capacidades de supervisión del<br />
cumplimiento de las normativas (CEPAL, 2010a).<br />
Tras la ampliación de la cobertura de pensiones y salud de la población que ha acontecido en la región en el<br />
período reciente, analizada en el capítulo I, subyacen varias causas: la mayor formalización del trabajo en el marco<br />
del descenso de las tasas de desempleo y las mejoras sustantivas de la calidad del empleo, la flexibilización de<br />
criterios de elegibilidad para la cobertura contributiva y el fortalecimiento de la función de contraloría y regulación<br />
del Estado. A su vez, en aras de subsanar las exclusiones de los regímenes contributivos tradicionales, de ampliar<br />
coberturas y, en algunos casos, de disminuir la segmentación, se han fortalecido pilares solidarios de la protección<br />
<strong>social</strong>, se han subsidiado regímenes contributivos y se han generado programas focalizados. Por ejemplo, se ha<br />
ampliado la cobertura de pensiones no contributivas y de transferencias y servicios a la población en situación de<br />
pobreza y, en ciertos casos, a la población vulnerable 4 .<br />
B. Avanzar hacia el fortalecimiento y la expansión<br />
de las políticas de superación de la pobreza<br />
Desde un enfoque integral y de derechos, tanto para garantizar los avances experimentados en el período reciente,<br />
como para retomar y profundizar la senda de la reducción de la pobreza y la desigualdad, es indispensable actuar<br />
en áreas que, al ser interdependientes, requieren gran coordinación entre los distintos entes a cargo de las políticas,<br />
así como acuerdos y pactos entre diferentes actores políticos y <strong>social</strong>es, con un horizonte estratégico (véase la<br />
4<br />
Aunque algunas son universales, como la Renta Dignidad en Bolivia (Estado Plurinacional de) y el programa de pensiones en México,<br />
D.F., las pensiones no contributivas existentes en la región son principalmente focalizadas.<br />
Capítulo IV<br />
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