Desarrollo social inclusivo

Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza...
(quehaceres domésticos y de cuidado), que es muy superior a la de los hombres y le resta tiempo y condiciones
para dedicarse a su inserción laboral. La marcada disminución de la proporción de mujeres sin ingresos propios en
la última década (en 2002 alcanzaba el 42%, mientras la de los hombres era del 15%) se debe principalmente a su
mayor incorporación al mercado laboral, y también a que ellas suelen ser las beneficiarias directas de programas de
transferencias monetarias dirigidos a la superación de la pobreza.
La posibilidad de que las mujeres cuenten con independencia y autonomía económica está determinada
fundamentalmente por sus posibilidades de acceso a un trabajo decente y por el cierre de las brechas de género que
caracterizan el mercado de trabajo en términos de tasas de participación, desempleo y ocupación, nivel de ingresos
y acceso a jubilaciones y pensiones, entre otros indicadores que serán analizados más adelante en ese capítulo.
2. Desigualdades étnicas y raciales: los pueblos indígenas y la población afrodescendiente
El reconocimiento de la especificidad de los derechos de los pueblos indígenas como derechos colectivos y la
promoción y resguardo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas
y afrodescendientes se sustentan en instrumentos del derecho internacional, como la Convención Internacional sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965) y el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales,
1989 (Núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban (Sudáfrica) en 2001,
fue un momento muy importante de renovación y avance del compromiso internacional en esa materia.
De particular relevancia en el proceso de reconocimiento internacional de los derechos indígenas fue la
aprobación, en 2007, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que,
entre otros contenidos de gran relevancia, reconoce su derecho al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales; a no ser objeto de ningún tipo de discriminación; a la libre determinación, en virtud de la
cual determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural;
a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, y a conservar y
reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales (Naciones Unidas, 2008). En
América Latina ello ha sido parte de un proceso más amplio e intenso en cuanto al reconocimiento de los pueblos
indígenas y de sus derechos, en diversas constituciones, las que establecen la composición pluricultural o incluso
plurinacional de los Estados y a los pueblos indígenas como sujetos colectivos. Ello ha dado lugar a modificaciones
de legislaciones en 15 países de América Latina 8 . Asimismo, destaca el reconocimiento que algunos países otorgaron
a los derechos de las culturas y lenguas presentes dentro de sus fronteras, lo que en algunos casos también se ha
traducido en reformas constitucionales (Bello y Rangel, 2002; Gargarella y Courtis, 2011; Stavenhagen, 2011) o en
la criminalización del racismo.
Por su parte, el Convenio núm. 169 de la OIT ha cumplido un muy destacado papel al ofrecer una plataforma
programática y normativa amplia, integral y congruente para el reconocimiento de los derechos indígenas. De
22 países que lo han ratificado en el mundo, 15 son de América Latina.
El reconocimiento político y la mayor visibilidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes tienen un
correlato positivo en la visibilidad estadística. A partir del año 2000 aumenta el número de países de la región cuyos
censos de población y encuestas de hogares identifican a esas poblaciones. Ello es resultado de la movilización de
sus organizaciones y su incidencia en los ámbitos nacionales y regionales, y de la necesidad de identificar a estos
pueblos y su situación socioeconómica para enfrentar las acentuadas brechas en la implementación de sus derechos
(CEPAL, 2014c; Cruces, Domench y Pinto, 2012; Del Popolo y Schkolnik, 2013).
Actualmente, en América Latina se contabilizan 826 pueblos indígenas reconocidos por los Estados 9 , ya sea
directamente en la legislación o en los instrumentos de política pública, que sumarían más de 46 millones de
8
El 22 y 23 de septiembre de 2014 se celebró en Nueva York la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, que constituyó una
oportunidad de compartir puntos de vista y mejores prácticas para hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas, así como la
consecución de los objetivos de la Declaración de 2007.
9
Sobre la base de estimaciones al año 2010, en los países de la región se observa un panorama muy diverso, donde en un extremo se
ubican el Brasil, con 305 pueblos indígenas, seguido por Colombia (102), el Perú (85) y México (78), y en el otro extremo, Costa Rica
y Panamá, en cada uno de los cuales viven 9 pueblos indígenas, y luego El Salvador (3) y el Uruguay (2) (véase CEPAL, 2014c).
Capítulo I
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