Desarrollo social inclusivo

Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza...
En síntesis, la heterogeneidad territorial latinoamericana reclama estrategias selectivas y diferenciadas. Las sinergias
entre los agentes públicos y privados, entre los distintos niveles de gobierno y entre los sectores productivos locales
y los mercados más amplios son un componente esencial para activar el desarrollo territorial. Estas iniciativas deben
complementarse con los esfuerzos nacionales que, por medio de las políticas de descentralización y asignación
territorial de recursos, tratan de potenciar el desarrollo de las regiones más rezagadas y atender sus necesidades más
apremiantes (CEPAL, 2010a).
F. Proteger a la población frente a desastres
La ocurrencia de desastres relacionados con fenómenos naturales ha experimentado un sustantivo aumento a nivel
mundial a partir de los años sesenta y América Latina y el Caribe no es la excepción. El promedio anual de desastres
en la región, que fue de 19 en la década de 1960, aumentó a 68 en la primera década del siglo XXI. Por lo tanto, la
adopción de medidas de mitigación de índole económica y social, en especial para disminuir la exposición de la
población y recuperar la infraestructura, el empleo y los activos productivos y patrimoniales dañados, se torna cada
vez más necesaria (Vargas, 2015).
El tránsito de las amenazas a los desastres está lejos de ser un proceso exclusivamente natural; se vincula con
la actividad humana y depende de condicionantes sociales. En varios estudios (Blaikie y otros, 1996; Cutter, Boruff
y Shirley, 2003) se señala que, entre los factores que contribuyen a la ocurrencia de desastres, están la expansión
urbana hacia áreas no aptas para la edificación y la creciente degradación del medio ambiente. En América Latina y
el Caribe, el impacto de los desastres varía según la condición socioeconómica de los hogares: los que se encuentran
en situación de pobreza están más expuestos, tienen acceso limitado a instrumentos de gestión del riesgo y presentan
mayores dificultades para enfrentar las pérdidas ocasionadas por los eventos (Vakis, 2006). Sin embargo, el creciente
nivel de riesgo y exposición a desastres, especialmente de grupos vulnerables, no siempre es percibido como un
riesgo real por gran parte de la población, lo que deriva en una baja movilización política para demandar medidas
inmediatas por parte de los Estados y asumir los costos económicos necesarios para robustecer la protección ante
la ocurrencia de estos eventos.
Para dar sostenibilidad al desarrollo de los países, así como para robustecer las estrategias nacionales de
superación de la pobreza y desigualdad, es urgente vincular las políticas sociales con la agenda “verde” relacionada
con los desastres y el cambio climático (Vargas, 2015). En particular, debería reconocerse la agudización del vínculo
entre vulnerabilidad y desastres, y habría que rediseñar los sistemas de protección social para tomar en cuenta las
consecuencias propias de los desastres y del cambio climático (Lo Vuolo, 2014) a fin de contribuir a aumentar la
resiliencia de la población y de los asentamientos, especialmente de los que se encuentran en situación de pobreza,
considerando las necesidades de los diferentes grupos de población (primera infancia, mujeres embarazadas, niños
y niñas en edad escolar, adolescentes, población en edad de trabajar, adultos mayores, personas con discapacidad
y otros) o las áreas geográficas específicas con una alta vulnerabilidad a los desastres (véase el recuadro IV.7).
Asimismo, sería deseable que estos instrumentos tuvieran criterios operativos flexibles en materia de ajuste y extensión
de la cobertura para ofrecer una respuesta efectiva en el menor tiempo posible, facilitando la coordinación con los
esfuerzos realizados por distintas organizaciones no gubernamentales y privadas (Vakis, 2006).
Por último, es necesario buscar una mayor integralidad de las políticas públicas concebidas para hacer frente a
los desastres, de modo que se articulen en sistemas de prevención, mitigación y recuperación existentes. Eso supone
la disponibilidad, entre otras cosas, de información sistemática y de buena calidad desagregada a nivel territorial para
poder seleccionar de forma eficiente y planificada a los que tengan alta exposición y vulnerabilidad ante desastres, y
así incluirlos de manera prioritaria en las políticas públicas destinadas a incrementar la resiliencia de las personas y
las comunidades frente a esos fenómenos (Vargas, 2015). Es importante señalar que la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible reconoce explícitamente el vínculo entre pobreza y vulnerabilidad a desastres naturales 28 .
28
La meta 1.5 establece: De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y
desastres económicos, sociales y ambientales.
Capítulo IV
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