Desarrollo social inclusivo

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
de las organizaciones de la sociedad civil y de los usuarios de los programas. Para ello, en 1993 se creó el Consejo
Nacional de Asistencia Social, en virtud de la Ley 8742 o Ley Orgánica de Asistencia Social (LOAS), como órgano
superior de deliberación colegiada vinculado a la Administración Pública Federal y presidido por un delegado o
delegada directamente nombrado por la Presidencia. Las principales funciones del Consejo consisten en convocar de
manera ordinaria las CNAS, con la participación del Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre, aprobar
la Política Nacional de Asistencia Social, normar las acciones y prestaciones de los servicios públicos y privados en el
ámbito de la asistencia social y velar por la efectividad del sistema descentralizado y participativo de asistencia social.
La ausencia de reglas y procedimientos claros y verificables referentes a la implementación de las políticas
y programas sociales, así como la falta de acceso a la información pública relacionada con su funcionamiento,
aumentan las probabilidades de una aplicación ineficiente, discrecional y/o política de las políticas sociales y coartan
sus posibilidades de operar como palancas para el ejercicio de derechos. Por tanto, los mecanismos de rendición
de cuentas, consulta y participación, así como la disponibilidad de información pública sobre el funcionamiento de
las políticas y programas sociales cobran una relevancia creciente para asegurar un uso eficiente de los recursos y
para fortalecer la legitimidad y credibilidad de tales políticas ante la ciudadanía.
D. Fortalecimiento de la inversión social y financiamiento
La proporción de recursos públicos destinados a cada función de gobierno es un indicador básico de la prioridad
política y económica que esa función recibe en cada país. Por su parte, la volatilidad ante los ciclos económicos
evidencia cuán dependiente del contexto es dicha asignación. El crecimiento de los recursos destinados a las políticas
sociales en relación con el producto y su relativa estabilidad es un elemento fundamental para la sostenibilidad y el
fortalecimiento institucional de tales políticas.
Como se indicó en el capítulo I, desde la década de 1990 los recursos destinados al área social, expresados
como proporción del PIB y en dólares per cápita, han aumentado de manera sostenida en la región. Esta situación
ha marcado una progresiva institucionalización de la política social en términos fiscales, en particular en relación
con la lucha contra la pobreza, sus determinantes y la protección social. Aun cuando la tasa de crecimiento varía,
se ha mantenido positiva y ha sido un puntal central para hacer frente a la crisis internacional de fines de la década
de 2000. Sin embargo, las necesidades regionales son aún de gran magnitud, siguen pendientes importantes desafíos
en cuanto a disponibilidad de recursos y todavía se está lejos de llegar a los niveles de inversión (absoluta y relativa)
existentes en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (que en promedio
bordean el 27% del PIB).
Como se observa en el cuadro III.3, al comparar los recursos disponibles y su participación en el PIB de cada
país, una conclusión clara es que la institucionalidad no es homogénea en este aspecto y tampoco en cuanto a la
cobertura de servicios existente en los distintos ámbitos de política. En general, los países con mayores necesidades
tienen menor cobertura de servicios y menos recursos per cápita, y les asignan una menor prioridad fiscal. Esto muestra
desde otro ángulo la magnitud de la brecha existente entre los países de la región y, por tanto, el largo camino que
queda por recorrer para avanzar en la institucionalización de las políticas.
En los párrafos anteriores se ha destacado el rol que han cumplido los programas de transferencias condicionadas
por su aporte a la institucionalidad social, en relación con el desarrollo tanto de espacios de coordinación, como
de herramientas de gestión. Un elemento que contrasta con lo anterior es su peso en términos de recursos, que solo
representa un 0,4% del PIB regional.
Al comparar el presupuesto anual de los ministerios de desarrollo social con el presupuesto público total
(expresando esa relación como porcentaje), se aprecia igualmente una alta heterogeneidad, pero con una distribución
distinta a la observada en el cuadro III.3. Dicho porcentaje va desde el 1% en Nicaragua y el Uruguay y el 1,1% en
el Paraguay, hasta el 5,2% en el Perú y el 6% en la Argentina. De acuerdo con esas cifras, el peso presupuestario
de esas entidades es de bajo a moderado, lo que contrasta con la relevancia de sus tareas, ya que, como se analizó
en el capítulo anterior, son responsables de la coordinación e implementación de programas que llegan a atender a
casi uno de cada cinco latinoamericanos.
Capítulo III
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