Desarrollo social inclusivo

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
A partir de los años sesenta, las políticas de desarrollo regional
han sido el mecanismo más utilizado por los países de América
Latina para lograr la convergencia espacial. Su objetivo central
era reducir las disparidades que existían entre los territorios,
específicamente las desigualdades entre las localidades más
dinámicas y las más atrasadas dentro de cada país. La estrategia
más utilizada fue industrializar, mediante la localización de
industrias de carácter básico y estratégico para los países, aunque
también se utilizaron incentivos económicos y mejoramientos
de la infraestructura social y productiva. En todas las iniciativas,
el elemento dominante fue la responsabilidad casi exclusiva
de las autoridades centrales en la elaboración de las políticas
(Cuadrado, 2012). A partir de la década de 1990 surgió y se
consolidó una amplia gama de políticas públicas sensibles al
desarrollo territorial en distintos niveles (CEPAL, 2010a). En
la elaboración de las políticas han aparecido nuevos actores
e instituciones a nivel local y regional, con lo que se evita la
Recuadro IV.5
Evolución de las políticas de desarrollo regional
condición exclusivamente central y estatal del pasado. Esto
ha llevado a la aplicación de una familia de políticas regionales
—más que una gran política única y exclusiva— que es acorde
a la diversidad de situaciones en materia de desarrollo regional
e inequidades territoriales, y que considera factores sociales,
ambientales y políticos —y no solo productivos— en los rubros
a incentivar (Ramírez, Silva y Cuervo, 2009).
En el campo institucional, las estrategias más importantes
y significativas han sido la descentralización en los países
unitarios y la consolidación del federalismo en los países
federales. Además, se ha democratizado la manera de elegir
a los gobernantes locales y regionales y se han ampliado los
recursos fiscales generados por los territorios y transferidos
hacia ellos. Las responsabilidades locales se han perfilado hacia
la gestión de los programas sociales (educación y salud) y la
provisión de infraestructura básica (saneamiento y equipamiento
local) (Ramírez, Silva y Cuervo, 2009).
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de J.C. Ramírez, I. Silva y L. Cuervo, Economía y territorio en América Latina
y el Caribe: desigualdades y políticas, Libros de la CEPAL, N° 99 (LC/G.2385-P), Santiago, CEPAL, 2009; J. R. Cuadrado, “Las políticas de desarrollo
regional y el conflicto eficiencia-equidad”, Desarrollo regional en América Latina: el lugar importa. Memoria del Seminario Internacional, realizado en
Santiago los días 19, 20 y 21 de octubre de 2010, serie Seminarios y Conferencias, Nº 70 (LC/L.3454), Santiago, CEPAL, 2012; y CEPAL, La hora de la
igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir (LC/G.2432(SES.33/3)), Santiago, 2010.
Las zonas rurales de América Latina y el Caribe —en las
cuales vive alrededor del 20% de la población regional— por lo
general representan las áreas más pobres de los países de la
región. En consecuencia, las políticas rurales con un enfoque
territorial también deben ser un pilar central en las políticas de
desarrollo. Por una parte, deberían acrecentarse los ingresos
provenientes de la producción agrícola mediante el fomento
y desarrollo productivo, pero, al mismo tiempo, las nuevas
políticas han hecho hincapié en el mercado de trabajo rural,
especialmente en reconocer la especificidad del empleo rural y
las múltiples categorías que a él se asocian (empleo temporal,
agrícola, familiar no remunerado y otras) (FAO, 2013). Por otra
Recuadro IV.6
Políticas rurales con enfoque territorial
parte, las transferencias públicas a los hogares, como parte del
componente no contributivo de la protección social —como los
programas para combatir la precariedad en la vejez rural o los
programas de transferencias condicionadas— aparecen como
nuevas alternativas para contrarrestar la pobreza rural (Rossel,
2012). Finalmente, para las áreas rurales es muy importante la
preservación de la biodiversidad y los equilibrios ecosistémicos.
En la actualidad, al menos desde el punto de vista formal, hay una
inquietud específica por los efectos ambientales de la ocupación
y explotación de las zonas rurales, lo que ratifica la diferencia
respecto de los programas de asentamiento de población del
pasado, que no consideraron estos asuntos (CEPAL, 2012c).
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), Pobreza rural y políticas públicas en América Latina y el Caribe, Santiago, 2013; C. Rossel, “Protección social y pobreza rural en América Latina”,
documento presentado en el VII Seminario Internacional “Seguridad alimentaria, pobreza rural y protección social en América Latina y el Caribe”, Santiago,
22 y 23 de noviembre de 2012; y CEPAL, Población, territorio y desarrollo sostenible. Síntesis (LC/L.3475(CEP.2/4)), Santiago, 2012.
En materia social, la ejecución de muchos de los programas de reducción de la pobreza —entre ellos los programas
de transferencias condicionadas— es descentralizada. También destacan las políticas dirigidas a mejorar la infraestructura
social, como la construcción y mejora de escuelas y servicios sanitarios en zonas vulnerables y aisladas, la instalación de
servicios de agua potable e infraestructura de riego en sectores donde se carece de agua para regadío, y el mejoramiento
de la conectividad de acceso a Internet. Esta última medida, en particular, hace posible reducir las brechas territoriales
de acceso, calidad y tratamiento oportuno de los problemas de salud por medio de la telemedicina, con servicios como
las interconsultas o una segunda opinión vía Internet en zonas aisladas (CEPAL, 2010a).
También se han hecho esfuerzos en políticas relacionadas con la infraestructura productiva, con medidas entre
las que destacan la construcción de infraestructura o el establecimiento de vías para la conectividad física y virtual,
que facilitan la comercialización de productos locales y la distribución de alimentos, la promoción de acuerdos
comerciales, y el impulso de estrategias que evitan que los pequeños productores queden excluidos de los procesos
de producción y comercialización. Asimismo, se han promovido modelos de asociatividad de múltiples actores para
actividades productivas locales (CEPAL, 2012c) y, de manera progresiva, se ha ido incorporando en las políticas de
fomento productivo, capacitación y formación laboral, investigación y tecnología, la noción de territorio como un
instrumento para gestionar su desarrollo.
Capítulo IV
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