Desarrollo social inclusivo

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
trabajo, en un contexto en que la priorización de los esfuerzos de erradicación de la pobreza y de la desigualdad y
de promoción de un desarrollo social inclusivo ganaron espacio en la agenda pública y en las estrategias generales
de desarrollo.
Sin embargo, aún hay grandes desafíos pendientes, ya que la desigualdad sigue siendo muy alta, la reducción
de la pobreza se ha estancado desde 2012 y la indigencia muestra una leve tendencia al alza. En un contexto de
desaceleración del crecimiento económico, la existencia de un contingente importante de población vulnerable —con
ingresos cercanos a la línea de pobreza y sin ahorros monetarios, acceso a seguridad social o vivienda propia—
enciende otra luz de alerta (CEPAL, 2014a) 2 . A esto se suman los desafíos que plantean los cambios demográficos,
en especial el envejecimiento de la población y el descenso de la fecundidad, que tiene consecuencias sobre los
sistemas de salud y pensiones y las estrategias de cuidado, tanto a escala de las familias como de la sociedad. La
migración extra e intrarregional implica también profundas transformaciones socioterritoriales, con gran impacto en
las dinámicas económicas y las estructuras familiares.
Persisten, asimismo, grandes desigualdades marcadas por las dimensiones de género, raza, etnia y las distintas
fases del ciclo de vida. Esas desigualdades no se expresan solo en los ingresos, sino también en las oportunidades,
en el ejercicio de derechos y en el tipo de acceso y la calidad de la educación, la salud, la nutrición y la inserción
en el mercado laboral. La persistencia de la desigualdad en esos ámbitos constituye un reto para la realización de los
derechos económicos, sociales y culturales, y es una de las principales barreras para que la pobreza y la indigencia
sigan disminuyendo en la región.
Por eso, si se tiene la igualdad como horizonte, es necesario redoblar los esfuerzos, sobre todo en los países más
rezagados. Pese al actual escenario económico global, que se presenta más complejo e incierto y que, al menos en
el corto plazo, será menos favorable para la región, es fundamental asegurar los avances en materia de desarrollo
social logrados en las últimas décadas e impedir su reversión, y no postergar las asignaturas pendientes en ámbitos
donde los logros claramente han sido insuficientes, en consonancia con el enfoque de derechos y los principios de
progresividad y no regresividad. La desaceleración del crecimiento económico implicará dificultades en ámbitos
clave para el bienestar como la generación de empleo de calidad y el financiamiento de la inversión social. Pese a
ello, no puede postergarse el fortalecimiento de las políticas y de las instituciones sociales. La heterogeneidad de las
condiciones políticas, económicas y sociales de los países hace que cada uno deba emprender su propio camino.
Este capítulo tiene por objeto plantear lineamientos de política en diversos ámbitos del desarrollo social que
fueron identificados en los capítulos anteriores. En primer lugar, se propone una perspectiva que sitúa el combate a
la pobreza en el marco de la protección social como derecho ciudadano. A continuación, se esbozan algunos retos
de las políticas de superación de la pobreza y la desigualdad y las indispensables sinergias que deben establecerse
respecto de otras políticas; se recomienda proseguir los esfuerzos de ampliación de cobertura y de calidad de las
prestaciones, y fortalecer su relación con las políticas sectoriales de educación, salud y nutrición, y el componente de
inserción laboral y productiva. En tercer término, se discuten las políticas públicas de promoción del empleo productivo
y del trabajo decente como un elemento central del desarrollo social, lo que requiere diseñar e implementar medidas
de protección del empleo, fortalecer las instituciones laborales y las políticas de mercado de trabajo, promover la
autonomía económica de las mujeres —que implica, entre otros objetivos, impulsar las políticas de cuidado como
un pilar fundamental de los sistemas de protección social— y avanzar en la articulación entre educación y empleo,
fortaleciendo la educación técnica y profesional. En cuarto lugar, se abordan políticas y programas para enfrentar
las desigualdades, en especial las de género, raza y etnia. Por último, se vincula el contenido de las políticas con
el medio ambiente y el territorio, abogando por fortalecer los mecanismos de protección de la población ante los
desastres y dar respuestas a las desigualdades territoriales.
En este capítulo también se plantean desafíos y recomendaciones relacionadas al fortalecimiento de la
institucionalidad para el desarrollo social, y se resaltan algunas dimensiones de los pactos indispensables para
tal cometido.
2
De acuerdo con las últimas proyecciones de la CEPAL (2015), América Latina y el Caribe decrecerá un 0,3% en 2015 y para 2016 se
prevé un crecimiento de solo un 0,7%.
Capítulo IV
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