Desarrollo social inclusivo

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
es decir, con ingresos apenas superiores a las líneas de pobreza. Ello evidencia el riesgo, para amplios contingentes
de la población latinoamericana, de un retroceso a una situación de pobreza o indigencia en un contexto de
menor crecimiento económico, disminución del ritmo de generación del empleo, aumento del desempleo y de la
informalidad, y dificultades de expansión del gasto y la inversión social.
Los avances en la reducción de la desigualdad de ingresos ocurridos en el período analizado también han sido
significativos, rompiendo una tendencia histórica de estancamiento o empeoramiento de ese indicador. Sin embargo,
han sido claramente insuficientes, y América Latina y Caribe sigue manteniendo el triste título de la región más
desigual del mundo.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible define metas ambiciosas relacionadas con la erradicación de la
pobreza en todo el mundo y con la reducción sustantiva de la desigualdad. Los países de la región están comprometidos
con ese objetivo y deben redoblar sus esfuerzos en esa dirección en un contexto más complejo, en que son grandes
las dificultades para recuperar las tasas de crecimiento y los niveles de gasto e inversión social registrados en años
anteriores. Esas dificultades hacen aún más importante fortalecer y mejorar las políticas sociales y de protección al
empleo y acceso al trabajo decente, y, en particular, las estrategias de reducción de la pobreza e inclusión social,
a fin de asegurar su sostenibilidad financiera y dotarlas de herramientas que garanticen tanto su eficacia como
su efectividad.
Como afirma la CEPAL, el trabajo es la llave maestra de la igualdad. Su relevancia para la superación de la
pobreza y la desigualdad queda en evidencia en el análisis realizado en este capítulo. Los avances de la región en
esas áreas han sido en gran medida resultado de una evolución positiva de los indicadores del mercado de trabajo,
entre los cuales se destacan la disminución del desempleo y el aumento de la ocupación, de los ingresos laborales,
de la formalización del trabajo y de las tasas de participación de las mujeres, con la consiguiente alza del número
de perceptores de ingresos laborales en los hogares.
La educación es también un campo fundamental para la reducción de las desigualdades en el futuro futuro
y una de las vías privilegiadas para la superación intergeneracional de la pobreza. Se han registrado importantes
avances en materia de expansión de la cobertura y del acceso a la educación en las últimas décadas. Se desatacan
asimismo los logros en términos de salud, en especial en la reducción de la mortalidad infantil y de la desnutrición.
Sin embargo, persisten importantes brechas en todas esas áreas. Las brechas sociales existentes en la región se
relacionan estrechamente con las asimetrías productivas que implican una composición desigual de la calidad y la
productividad de los empleos, lo que se traduce en mayores brechas salariales y una inequitativa distribución del
ingreso. La heterogeneidad productiva persiste en la región y sigue siendo una barrera importante para el avance de
las políticas de erradicación de la pobreza y reducción de la desigualdad.
Reducir la desigualdad es condición básica para lograr un mundo sin pobreza. La desigualdad no se refiere solo
a los ingresos, sino también a los derechos, las capacidades, la autonomía, el reconocimiento mutuo y la dignidad
de las personas. En América Latina y el Caribe, las situaciones de pobreza e indigencia y la vulnerabilidad a ambas
condiciones, así como la estructuración del mercado de trabajo y las posibilidades de acceso a un trabajo decente,
están fuertemente marcadas por los determinantes de género, raza y etnia, y por determinados momentos del ciclo
de vida, como la infancia, la juventud y la vejez. También son muy marcadas las desigualdades regionales en los
países y entre las zonas rurales y urbanas. Por lo tanto, para seguir avanzando hacia el horizonte de la igualdad, es
necesario conocer y reconocer la matriz de la desigualdad social de la región, e incorporar esas dimensiones, en
forma estructurante, a los mecanismos de formulación e implementación de las políticas públicas.
Capítulo I
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