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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)<br />
Como ya se mencionó, la CEPAL ha sostenido que el empleo es la llave maestra de la igualdad (CEPAL, 2010a,<br />
2012, 2014b). Por ello, es un acierto la relevancia que se otorga en los ODS al mundo del trabajo y, en particular, que<br />
el Objetivo 8 esté acompañado de metas consistentes con su propósito central, como la meta 8.5, en que se propone<br />
para 2030 lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres,<br />
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.<br />
En este contexto, la inversión —pública y privada— desempeña un papel central, tanto por su contribución<br />
inmediata a la demanda interna, como por su efecto en el crecimiento futuro, a través del aumento de la capacidad<br />
productiva y del crecimiento de la productividad asociado. De hecho, la inversión representa uno de los principales<br />
canales de la transformación productiva, por la incorporación del progreso tecnológico y el conocimiento científico<br />
que posibilita.<br />
En la actual fase de desaceleración del ciclo económico, fortalecer el componente de inversión pública como<br />
eje central de la arquitectura financiera contracíclica es el principal puente entre los desafíos del ciclo económico y<br />
el crecimiento y desarrollo de mediano y largo plazo. América Latina y el Caribe presenta una inserción deficiente<br />
en el comercio internacional, marcada por una fuerte dependencia de las exportaciones de materias primas y de<br />
manufacturas de ensamblaje con escaso valor agregado local. Ello se refleja, a su vez, en la alta concentración de<br />
sus exportaciones, tanto por productos como por empresas. Avanzar en el proceso de diversificación exportadora es<br />
un desafío fundamental para promover un crecimiento económico sostenido, <strong>inclusivo</strong> y sustentable.<br />
Además, como se ha planteado en el capítulo I, un mejor acceso de las personas y las empresas a los servicios<br />
financieros formales, a la formación y a la protección laboral (incluido el aprendizaje continuo), con un enfoque<br />
especial en los jóvenes, es indispensable para alcanzar un crecimiento <strong>inclusivo</strong> y empleo digno y productivo para<br />
todos. En la región, la gran mayoría de los jóvenes que no están insertos en el sistema educativo y no tienen trabajo<br />
remunerado son mujeres que cumplen responsabilidades domésticas y de cuidado, y carecen de alternativas para<br />
conciliar estas tareas con la inserción en el trabajo o el estudio, lo que plantea un desafío que se requiere incorporar<br />
a las estrategias de las políticas laborales y educativas (CEPAL, 2014a). En suma, se trata de una asignatura pendiente<br />
de la región que la Agenda 2030 para el <strong>Desarrollo</strong> Sostenible permite poner en el centro.<br />
8. La igualdad como factor de un desarrollo sostenible<br />
La igualdad como aspiración explícita de la nueva agenda para el desarrollo constituye una de las innovaciones<br />
más llamativas hacia 2030. Al respecto, las metas específicas del Objetivo 10 (referente a “reducir la desigualdad<br />
en los países y entre ellos”) giran en torno a cinco grandes ámbitos, que cumplen un rol importante para el logro<br />
de un desarrollo con mayor igualdad y sostenibilidad. Estos son: i) los mercados laborales y la protección <strong>social</strong>;<br />
ii) la inclusión, la no discriminación y la igualdad de oportunidades y de resultados, sobre la base de los derechos<br />
económicos y <strong>social</strong>es; iii) la política fiscal; iv) la gobernanza económica y financiera mundial, y v) los flujos de<br />
financiamiento externo, en particular la asistencia oficial para el desarrollo y la inversión extranjera directa, junto<br />
con la facilitación de las remesas de migrantes.<br />
Constituye un muy importante avance conceptual la meta 10.3, en que se plantea “garantizar la igualdad de<br />
oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias<br />
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto”, ya que permite superar el paradigma<br />
dominante de la igualdad de oportunidades, un principio necesario pero insuficiente para una reducción significativa<br />
de las desigualdades. El principio de la igualdad de resultados, en efecto, abre el espacio para introducir enfoques<br />
orientados al cierre de brechas sustantivas y llama a incorporar la complejidad de los procesos de movilidad <strong>social</strong>,<br />
en una región donde la estructura inicial o heredada de resultados determina esencialmente la estructura de las<br />
oportunidades presentes y futuras, y no a la inversa.<br />
A diferencia de los ODM, el Objetivo 10 aborda varias dimensiones de la desigualdad, un tema central para la<br />
región (véase el capítulo I). América Latina y el Caribe, la región más desigual del mundo, ha registrado un cierto<br />
progreso —si bien de una forma muy heterogénea entre los países— en la disminución de las desigualdades más<br />
básicas, cubiertas de manera implícita en los ODM (en aspectos como la reducción de la pobreza extrema y el<br />
acceso universal a la educación primaria). No obstante, en términos de inclusión económica, <strong>social</strong> y política queda<br />
mucho por hacer y la igualdad basada en derechos todavía está lejos de hacerse realidad.<br />
Capítulo V<br />
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