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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)<br />
(gasto de bolsillo), aporte de fundaciones y ONG, u otras entidades. Por otro lado, el enfoque analítico todavía es<br />
meramente contable y de control de presupuesto, y se ha avanzado poco hacia su apreciación como parte integral<br />
del análisis de la política pública y la toma de decisiones 10 .<br />
Para dar sostenibilidad y afianzar la institucionalidad de las políticas de desarrollo <strong>social</strong>, se requiere potenciar el<br />
desarrollo de pactos fiscales que garanticen recursos estables y permanentes, y con instrumentos de financiamiento<br />
contracíclico, para hacer frente a períodos de crisis o bajo crecimiento. En ese proceso, la identificación de alternativas<br />
asociadas a reglas fiscales en favor de la política <strong>social</strong> y la asociación de esta a iniciativas de “reforma fiscal verde”<br />
aparecen como posibles caminos de acción.<br />
Una manera de ilustrar los avances y desafíos de la institucionalidad <strong>social</strong> en relación con el financiamiento<br />
y con algunas dimensiones de análisis aquí propuestas es examinar el caso de grupos o segmentos específicos de<br />
población. Para ello, en el recuadro III.5 se analiza la institucionalidad dedicada a los jóvenes en América Latina,<br />
presentando sus elementos característicos.<br />
Recuadro III.5<br />
Avances y desafíos de la institucionalidad dedicada a la población joven en América Latina<br />
Como ha señalado la CEPAL, el contexto institucional determina<br />
en gran medida el tipo de políticas que pueden ser implementadas<br />
para promover la inclusión <strong>social</strong> de los jóvenes, su alcance y<br />
su efectividad (Cecchini y otros, 2015). Tres dimensiones de la<br />
institucionalidad —las entidades coordinadoras de la temática, el<br />
marco normativo y la existencia de políticas o planes nacionales<br />
de juventud— son factores determinantes.<br />
En la región, se observa heterogeneidad en cuanto a las<br />
instituciones coordinadoras en materia de juventud: se pueden<br />
identificar ministerios (en Nicaragua, la República Dominicana y<br />
Venezuela (República Bolivariana de)), viceministerios (en Bolivia<br />
(Estado Plurinacional de) y Costa Rica), secretarías (en el Brasil,<br />
el Paraguay y el Perú), subsecretarías o institutos (en Chile, El<br />
Salvador, Honduras, México y el Uruguay), direcciones (en la<br />
Argentina y el Ecuador), consejos nacionales (en Guatemala) y<br />
otros. De acuerdo con la CEPAL (2009), en los objetivos de estas<br />
entidades se incluyen al menos cuatro tareas: conocimiento<br />
sistemático de la realidad juvenil, profesionalización de su personal<br />
técnico, innovación en el diseño y ejecución de programas, y<br />
desarrollo de capacidades comunicacionales para promover<br />
consensos entre la clase dirigente y la opinión pública.<br />
Independientemente de las variaciones observadas<br />
en cuanto al tipo de entidad y las tareas que cumplen para<br />
promover el desarrollo de la población juvenil en sus respectivos<br />
países, las instituciones tienden a ser débiles, en especial<br />
en comparación con la solidez de los ministerios sectoriales<br />
relacionados, como los de educación, trabajo y salud. Ante<br />
este panorama, se vuelve necesario reflexionar sobre las<br />
funciones esenciales que debieran cumplir las instituciones<br />
gubernamentales de juventud. Estas deberían asumir un rol<br />
de coordinación, de articulación de esfuerzos, para dinamizar<br />
procesos y así lograr que mejoren las políticas de juventud<br />
en cada sector, manteniendo una mirada integral sobre las<br />
necesidades de esta población en sus contextos respectivos.<br />
También resulta necesario fortalecer las instancias locales<br />
(sobre todo, municipales) para llevar a cabo iniciativas de<br />
inclusión <strong>social</strong> juvenil que cuenten con una mayor participación<br />
comunitaria tanto en su diseño como en su implementación.<br />
Un segundo componente clave de la institucionalidad es<br />
la existencia de una normativa sobre juventud. Ello refleja un<br />
consenso de la sociedad respecto de la necesidad de atender<br />
una problemática y cómo abordarla. Por otra parte, obliga a<br />
los diferentes niveles del poder ejecutivo a definir políticas y<br />
programas para cumplir con los objetivos establecidos y a dirigir<br />
recursos del presupuesto público para ello. De esta manera, el<br />
marco jurídico proporciona estabilidad, permanencia de criterios,<br />
institucionalidad y recursos a las políticas públicas de juventud.<br />
El papel de una política o plan nacional de juventud también<br />
es crítico, ya que proporciona la visión para todos los programas<br />
y actividades relacionados con la juventud en un país. En el Foro<br />
Mundial sobre Políticas para la Juventud, que se celebró en Bakú<br />
en 2014, se consensuaron lineamientos básicos para dichas<br />
políticas a . Según lo acordado, una política de juventud debe estar<br />
basada en derechos, ser inclusiva, integral y participativa, tener<br />
perspectiva de género, estar basada en el conocimiento y la<br />
evidencia, ser responsable y contar con recursos. En la región<br />
muchos países han desarrollado estrategias, en las que se toma<br />
la perspectiva de la juventud como un especio de ciudadanía y del<br />
joven como un actor estratégico del desarrollo y se incorporan<br />
elementos del compromiso de Bakú. Sin embargo, la asignación<br />
de recursos destinados a los jóvenes en los presupuestos públicos<br />
aún es insuficiente y en algunos casos se evidencian desfases<br />
entre los objetivos de dichos planes y el presupuesto público.<br />
La mayor parte de estos esfuerzos de institucionalización<br />
de las acciones dirigidas hacia la juventud se han establecido<br />
a partir de la década de 2000. Todo lo anterior sugiere que los<br />
gobiernos son cada vez más conscientes de la importancia de<br />
contar con legislación y políticas adecuadas para responder a las<br />
necesidades, las aspiraciones y las demandas de los jóvenes. Sin<br />
embargo, la existencia de una normativa en temas de juventud y<br />
un plan o política para ejecutar esa normativa es una condición<br />
necesaria pero no suficiente para promover la inclusión de las y<br />
10<br />
Para mejorar estos sistemas de medición deben articularse las propuestas metodológicas del Manual de estadísticas de finanzas<br />
públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el Sistema de Cuentas Nacionales, en la línea de las cuentas satélite, e incluir<br />
la información de costos e inversión como parte integral del sistema de análisis de la gestión <strong>social</strong>, articulada con la información<br />
<strong>social</strong>, de manera de potenciar la racionalidad en la toma de decisiones hacia la maximización de los impactos y la eficiencia en el<br />
uso de los recursos (Martínez y Collinao, 2010; Martínez, 2015).<br />
Capítulo III<br />
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