Desarrollo social inclusivo

Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza...
Recuadro III.5 (conclusión)
los jóvenes. A pesar de los avances y compromisos logrados,
existen tres grandes desafíos para la efectiva implementación
de las políticas nacionales de juventud.
Un primer desafío es mejorar la intersectorialidad.
En la región hay numerosos ejemplos de países en que
las políticas nacionales de juventud son gestionadas por
entidades coordinadoras de los temas de juventud que
cuentan con recursos y poder político limitados. Al mismo
tiempo, los ministerios sectoriales tienden a actuar de forma
independiente. Esta fragmentación constituye una barrera
significativa para la ejecución, el seguimiento y, en última
instancia, la efectividad de las políticas. La fragmentación
dificulta, además, el monitoreo y evaluación de las políticas
nacionales de juventud, así como la identificación de los
costos de los programas y de las fuentes de financiamiento.
Un segundo desafío es el financiamiento. La voluntad
política expresada en los acuerdos y consensos internacionales
no necesariamente se materializa en la provisión de recursos
suficientes para la implementación de políticas o programas
específicos que garanticen las condiciones para que las y los
jóvenes logren movilizar sus capacidades para llevar a cabo en
forma autónoma sus proyectos de vida (CEPAL/UNFPA, 2012).
En tercer lugar, los canales de participación para que las
y los jóvenes puedan desempeñar un rol activo en el diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de las políticas en
los países aún no logran captar de una manera inclusiva y
eficiente la voz de este grupo de la población. Aunque se han
abierto espacios por medio de organizaciones de jóvenes, estas
generalmente carecen de recursos, y la coordinación entre
ellas tiende a ser débil o nula. Fortalecer la participación de los
jóvenes no solo es importante para que las decisiones sean
más relevantes, sostenibles y legítimas, sino que, además, la
participación constituye una vía esencial para el goce efectivo
de los derechos humanos.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Simone Cecchini y otros (eds.), Instrumentos de protección social:
caminos latinoamericanos hacia la universalización, Libros de la CEPAL, N° 136 (LC/G.2644-P), Santiago, CEPAL, 2015; CEPAL, Panorama Social de
América Latina 2008 (LC/G.2402-P), Santiago, 2009; R. Martínez y M. Collinao, “Gasto social: modelo de medición y análisis para América Latina
y el Caribe”, serie Manuales, N° 65 (LC/L.3170-P), Santiago, CEPAL, 2010; R. Martínez, “Monitoreo y evaluación de las políticas y programas de
protección social”, Instrumentos de protección social: caminos latinoamericanos hacia la universalización, Simone Cecchini y otros (eds.), Libros de
la CEPAL, N° 136 (LC/G.2644-P), Santiago, CEPAL, 2015; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA), Informe regional de población en América Latina y el Caribe 2011: invertir en juventud, Santiago, 2012.
a
El compromiso de Bakú fue el resultado del Foro Mundial sobre Políticas para la Juventud, que se celebró en esa ciudad del 28 al 30 de octubre de 2014.
Esta reunión convocó a más de 700 participantes de 165 países, con los objetivos de proporcionar una plataforma para que diversos actores interesados
en las políticas de juventud evaluaran el desarrollo, implementación, monitoreo y evaluación de dichas políticas; compartir buenas experiencias e identificar
brechas y desafíos.
E. Comentarios finales
Como se ha analizado en los capítulos anteriores, la evolución positiva del mercado de trabajo, en especial en lo
que se refiere a la disminución de la tasa de desempleo y el aumento de los niveles de ocupación y formalización,
ha contribuido a la expansión de los mecanismos contributivos en la región en el último período, al mismo tiempo
que se han introducido nuevos mecanismos de protección social de carácter no contributivo. Así, se observa en
los países un proceso de ampliación de los sistemas de protección social, que se refleja en la institucionalidad del
desarrollo social en la región, analizada en este capítulo. Esa institucionalidad ha experimentado un mayor desarrollo
en comparación con las décadas anteriores, aunque heterogéneo entre los países. Lo social se ha mantenido en la
agenda pública y se ha manifestado en nuevos compromisos jurídico-normativos, en una diversidad de experiencias
dirigidas a afianzar las capacidades, fiscales, técnicas, organizacionales y de coordinación de las políticas y programas
sociales, y en el desarrollo de mecanismos mediante los cuales se busca atender de forma integral a problemáticas
y grupos o segmentos de población específicos.
Para garantizar derechos, erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad no hay un modelo único deseable,
sino desafíos que deben acometerse dentro de muy diversos contextos institucionales. Entre dichos desafíos se
incluyen: consolidar una base jurídico-normativa que fortalezca la sostenibilidad de las políticas sociales como
políticas de Estado más allá de las coyunturas electorales; fortalecer el papel del desarrollo social en la agenda
pública y la capacidad de coordinación y articulación de las políticas de superación de la pobreza con las políticas
de protección social, otras áreas de la política social (educación, salud, trabajo y vivienda) y el ámbito económico,
de infraestructura y de desarrollo productivo; profundizar la capacidad de la gestión pública en materia social,
considerando la formalización de procedimientos que abarcan desde la definición de planes hasta la evaluación de
sus resultados, así como la disponibilidad de información confiable y oportuna para guiar la toma de decisiones en
procura de maximizar los impactos y la eficiencia; disponer de recursos suficientes para atender a las necesidades
de una política social de calidad, transformando la idea de gasto corriente en la de inversión social, y mejorando su
registro y publicación, tanto en lo referente al financiamiento como a la ejecución.
Capítulo III
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