Desarrollo social inclusivo

Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza...
El caso de los países del Caribe de habla inglesa muestra la importancia de ampliar la agenda en materia de salud,
pero manteniendo el énfasis en los padecimientos ya incorporados en el marco de los ODM. En efecto, después de
África subsahariana, el Caribe tiene la mayor tasa de prevalencia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
en el mundo, con un 1,1% de la población adulta infectada (en comparación con un 0,4% en América Latina). La
prevalencia del VIH todavía es superior al 1,5% en las Bahamas, Haití, Jamaica y Trinidad y Tabago 3 . En el futuro,
para alcanzar una solución a este problema se requiere una profundización del acceso a tratamientos y de la difusión
de información a través de campañas educativas. Por otra parte, la carga de las enfermedades no transmisibles es
considerable. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), la carga de la diabetes medida por los años
de vida saludable perdidos es un 16% mayor que en América Latina. Se estima que los costos de la diabetes y la
hipertensión varían entre el 5% del PIB, en Barbados, y el 8% del PIB, en Trinidad y Tabago. También la prevalencia
de la diabetes es alta en los países del Caribe. En la mayoría de los países de dicha subregión se ofrece atención
médica gratuita, o altamente subsidiada, en un esfuerzo para proporcionar acceso universal a la atención sanitaria.
El gasto en salud ya representa una proporción significativa del gasto público y se espera que aumente debido al
envejecimiento de la población, lo que constituye un gran desafío a futuro.
América Latina y el Caribe ha avanzado significativamente en materia de educación (Objetivo 4), sobre todo en
lo referente a la cobertura escolar de nivel primario. Sin embargo, para el cumplimiento del derecho a la educación
es central la atención que se preste a la enseñanza secundaria en cuanto a cobertura, acceso y calidad. Los sistemas
educativos de la región se han ido masificando, pero también se han estructurado de modo segmentado. El principal
problema en muchos de los países ya no tiene relación con la exclusión del sistema educativo, sobre todo en el nivel
básico, sino con la segmentación socioeducacional por medio de la inclusión en un sistema educativo diferenciado,
en el que los grupos de los estratos socioeconómicos bajos o de ciertos segmentos de población, como los pueblos
indígenas y los afrodescendientes, tienen menos oportunidades de permanecer y de lograr un nivel adecuado de
aprendizajes. Por ejemplo, en seis países de los que hay suficiente información estadística, entre el 22% y el 28%
de las y los niños y adolescentes indígenas de entre 12 y 17 años se encontraban fuera de la escuela (CEPAL, 2014c,
pág. 100). Por ello, este objetivo es de particular relevancia para América Latina y el Caribe y, como se detalla en el
recuadro V.3, el tema ha sido objeto de una discusión intensa a nivel regional y mundial.
Recuadro V.3
La educación en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en otros foros mundiales y regionales
En las consultas mundiales con los gobiernos, la sociedad civil, el
sector privado y los jóvenes, la educación ha quedado como una
prioridad central para la agenda de desarrollo después de 2015.
Esta es reconocida como una condición esencial para la realización
humana, la paz, el desarrollo sostenible, el crecimiento económico,
un trabajo digno, la igualdad de género y la ciudadanía mundial
responsable. Contribuye además a reducir las desigualdades y
a erradicar la pobreza, pues ofrece las condiciones y genera las
posibilidades para que existan sociedades justas, inclusivas y
sostenibles (UNESCO/UNICEF, 2015).
En el proceso de discusión de la nueva agenda, la Campaña
Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), una
red de organizaciones de la sociedad civil presente en 15 países
de América Latina y el Caribe, ha sido muy activa en recoger la
visión de la sociedad civil en una serie de debates y consultas.
Para la CLADE, es fundamental que la agenda para el desarrollo
después de 2015 se reafirme, se consolide y avance dentro de los
marcos internacionales de derechos humanos ya ampliamente
ratificados por los Estados, que garantizan el derecho a una
educación gratuita y universal, no discriminatoria y orientada
a la justicia social y ambiental, así como también a la dignidad
de todas las personas.
En ese sentido, su posicionamiento realza los siguientes
puntos para ser considerados:
“1. La educación es un derecho humano fundamental, y su
propósito apunta al pleno desarrollo de las personas, al ejercicio
de la ciudadanía activa, al trabajo digno, a la convivencia en la
diversidad y con la naturaleza, a la libertad, a la superación de
toda forma de discriminación, a la consolidación de la democracia
y a la resolución no violenta de los conflictos;
2. El Estado es el garante de los derechos humanos, incluido
el derecho humano a la educación a lo largo de toda la vida.
Los sistemas públicos de educación deben ser fortalecidos y
su valor hacerse presente en el imaginario público, superando
sentidos comunes muchas veces construidos por medios de
comunicación masivos;
3. Niñas, niños, jóvenes y personas adultas son sujetos
de derechos;
4. El derecho a la educación inicia al nacer y continúa
a lo largo de toda la vida. Incluye la educación en la primera
infancia, primaria, secundaria, la enseñanza universitaria y la
alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas en
entornos formales y comunitarios;
5. La educación pública debe ser gratuita y universal para
todos y todas, despatriarcalizadora, intercultural, transformadora
y promotora del pensamiento crítico;
6. La educación debe estar disponible y accesible
equitativamente y sin discriminación en todo el territorio, sea
3
Véase [en línea] http://www.avert.org/hiv-aids-caribbean.htm#sthash.oWaQivKV.dpuf.
Capítulo V
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