Desarrollo social inclusivo

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
sección H). La región tiene el enorme desafío de responder al ambicioso Objetivo 1 de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible: poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.
Como se analizó en el capítulo II, las transferencias de ingresos para la superación de la pobreza —principalmente
destinadas a familias con hijos— actualmente constituyen una pieza importante de los sistemas de protección social
en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Se trata de programas de protección social de carácter
no contributivo, ya que las familias destinatarias, independientemente de su participación en el mercado de trabajo
formal o de su capacidad para realizar contribuciones, reciben transferencias monetarias financiadas por el Estado, a
las que se accede sobre todo por criterios de necesidad (Filgueira, 2014). En el capítulo II se plantea que en la región
estos planes asumen principalmente la forma de programas de transferencias monetarias condicionadas, aunque
abarcan también transferencias no condicionadas y asignaciones familiares.
Esos programas han logrado notables efectos, pero, de cara al futuro, se vislumbran varios desafíos para lograr
resultados más significativos y sostenibles en la superación de la pobreza y la reducción de la desigualdad. En
particular, es clave concebirlos como parte de una política integrada de protección social, seguir ampliando la
cobertura y el monto de las transferencias y articularlas con políticas de inclusión laboral y productiva, una oferta
universal y de calidad de servicios de salud y educación, y políticas de cuidado y mejorías en la infraestructura rural
y urbana (electricidad, agua potable y saneamiento, vivienda y transporte).
El fortalecimiento y ampliación de los programas de transferencias de ingresos es un objetivo importante en la
región, que debería incluir los siguientes elementos:
i) extensión de la cobertura, incorporando el principio de búsqueda activa para llegar a toda la población en
situación de pobreza;
ii) ampliación de los montos de las transferencias para que sean al menos suficientes para garantizar la superación
de la extrema pobreza de todos los integrantes del hogar;
iii) articulación con políticas que busquen la universalización de la protección social y creación de sinergias con
las políticas sectoriales de carácter universal para impugnar las causas de la pobreza, en especial con las de
salud, nutrición y educación, así como con las políticas de cuidado, lo cual, en numerosas ocasiones, implica
mejorar la calidad y equidad del acceso a esos servicios (Sojo, 2007);
iv) asociación con programas de inclusión laboral y productiva para fomentar el acceso al trabajo decente mediante
el incremento de las capacidades y oportunidades de inserción en el mercado formal de trabajo y de generación
autónoma de ingresos de las familias en condición de pobreza, tanto en las zonas rurales como urbanas;
v) incorporación de la dimensión de género, en particular en el diseño de las condicionalidades, y de políticas
pertinentes para los jóvenes y las poblaciones indígenas y afrodescendientes;
vi) articulación con políticas relacionadas a la extensión de cobertura y mejorías en la infraestructura rural y urbana
(electricidad, agua potable y saneamiento, vivienda y transporte);
vii) promoción de un vínculo con el medio ambiente y el territorio, abogando por el fortalecimiento de los mecanismos
de protección de la población con relación a los desastres y la búsqueda de respuestas a las desigualdades territoriales.
1. Ampliación del monto y la cobertura de las prestaciones
La ampliación de la cobertura poblacional de los programas de transferencia de ingresos no puede estar basada
solamente en las demandas expresadas por las personas que viven en condición de pobreza. Por lo general, las que
primero reciben los beneficios son las personas y las familias que cuentan con más información sobre las prestaciones,
y no las más necesitadas. Por ello es necesario que desde el Estado se busque acercar la oferta pública a las familias
mediante mecanismos de búsqueda activa que ya se han puesto en práctica en algunos países de la región: como
Chile, con el programa Puente y Chile Solidario, y más recientemente el Brasil, que hizo de este mecanismo uno de
los ejes prioritarios del plan Brasil sem Miséria.
En relación con el aumento del monto de las transferencias, hay que considerar que la población que vive
en condiciones de pobreza o indigencia cuenta con ingresos autónomos, que son insuficientes para superar esa
condición 5 . Por lo tanto, además de comparar los montos de las transferencias con las líneas de pobreza e indigencia,
Capítulo IV
5
Como se presentó en el capítulo I, un cálculo hecho por la CEPAL para 17 países con datos alrededor de 2013 indica que, en promedio,
los ingresos laborales representan el 74% del ingreso total de los hogares en situación de pobreza y el 64% del ingreso total de los
hogares en situación de indigencia.
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