Desarrollo social inclusivo

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
3. Garantizar la participación social
El enfoque de derechos implica un cambio de paradigma: no considerar a las personas como beneficiarias pasivas
y objetos de intervenciones públicas, sino como titulares de derechos. De allí la importancia de instituir canales de
participación, tanto para canalizar demandas e información sobre necesidades sociales insatisfechas, como respecto
del diseño, la operación y la evaluación de políticas y programas. En las estrategias de desarrollo social y los programas
de superación de la pobreza, la participación y el diálogo deben incorporarse en las decisiones estratégicas. Una
tarea pendiente en varios países es establecer mecanismos claros y permanentes de diálogo y concertación con los
actores políticos y sociales, en el marco de espacios y procesos participativos donde estos intervengan con capacidad
y legitimidad para representar los intereses de la ciudadanía.
4. Avanzar en calidad de la gestión: información, transparencia y rendición de cuentas
El establecimiento de reglas y procedimientos claros y verificables relativos a la implementación de las políticas y
programas sociales, así como el acceso a la información pública relacionada con su funcionamiento, coartan las
probabilidades de un uso ineficiente, discrecional o político de las políticas sociales. Por tanto, los mecanismos
de rendición de cuentas y la disponibilidad de la información pública relativa al funcionamiento de las políticas y
los programas sociales han cobrado creciente relevancia para asegurar un uso eficiente de los recursos y apuntalar
la legitimidad y credibilidad de tales políticas ante la ciudadanía. La rendición de cuentas tiene dos dimensiones
complementarias: los mecanismos “verticales”, mediante los cuales los actores gubernamentales deben responder a
los cuestionamientos y demandas de diversos actores sociales (los participantes de los programas, las organizaciones
civiles, la opinión pública y la ciudadanía en general), y los mecanismos “horizontales”, conforme a los cuales
una entidad gubernamental tiene el mandato de vigilar las acciones de otras entidades públicas (O’Donnell, 2003;
Mainwaring y Welna, 2003). Avanzar en ambas dimensiones es indispensable para que las políticas y los programas
sociales estén sujetos lo menos posible a un uso político o clientelar, gocen de una creciente legitimidad social y
sean palancas para el ejercicio de derechos.
Buena parte de los desafíos mencionados de la institucionalidad social se magnifican por la falta de
capacidades técnicas del Estado. Entre las vías para apuntalar esas capacidades se encuentran los conocimientos
e instrumentos para el diagnóstico social, el monitoreo y la evaluación, la calidad de los registros administrativos,
la generación de estadísticas e indicadores sectoriales, y el diálogo y aprovechamiento de los sistemas estadísticos
nacionales. En este sentido, es fundamental fortalecer los sistemas de planificación y evaluación de la política
social y establecer una relación sinérgica y un diálogo productivo entre ambos. También es esencial desarrollar
las capacidades de evaluación interna de las instituciones y conformar instancias adecuadas que gocen de la
independencia y autonomía indispensables para el cumplimiento de las funciones de evaluación externa de
programas y políticas sociales.
5. Asegurar el financiamiento
La región ha avanzado en términos de financiamiento de las políticas de desarrollo social, pero esos avances han
sido heterogéneos e insuficientes. Con frecuencia, la importancia de los programas no se traduce en el monto
de recursos a ellos destinados, como en el caso de los programas de transferencias monetarias condicionadas.
Se requiere, por tanto, avanzar para garantizar recursos suficientes y estables para los desafíos de la política
de desarrollo social, en particular la referente a protección social para la población en situación de pobreza e
indigencia. Esto es particularmente relevante en la actual fase del ciclo económico.
Por ello, es necesario continuar trabajando en fórmulas innovadoras de recaudación, como las relacionadas
con regalías por la explotación de recursos naturales, ingresos por servicios ambientales y reglas fiscales que
potencien la estabilidad de los recursos. Avanzar hacia el desarrollo de reglas fiscales que, consecuentes con
la reafirmación del enfoque de derechos, aseguren los recursos necesarios, es otro elemento clave para dar
sostenibilidad a las políticas.
Capítulo IV
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