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<strong>Desarrollo</strong> <strong>social</strong> <strong>inclusivo</strong>: una nueva generación de políticas para superar la pobreza...<br />
los avances de la región en esa área, analizados en el capítulo III, muchos países no han ratificado instrumentos<br />
fundamentales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San<br />
Salvador. A ello se suma la necesidad de avanzar también en la elaboración de legislaciones nacionales que plasmen<br />
dichos compromisos en derechos con sustrato legal reconocible, tanto a nivel de Constituciones como de leyes<br />
específicas e instancias de fiscalización.<br />
También es necesario acortar la distancia entre esos compromisos y mandatos formales respecto de la<br />
implementación y el alcance efectivo de las políticas y los programas <strong>social</strong>es (por ejemplo, con garantías concretas<br />
de acceso y de calidad de los servicios, y la consolidación de niveles adecuados y crecientes de bienestar <strong>social</strong>, que<br />
redunden en el ejercicio efectivo de los derechos). Finalmente, se requieren avances en materia de exigibilidad de los<br />
derechos económicos y <strong>social</strong>es, para que las personas puedan, como titulares de derechos, exigir su cumplimiento<br />
a la institucionalidad <strong>social</strong>.<br />
2. Fortalecer las capacidades organizacionales y de coordinación interinstitucional<br />
Avanzar hacia una mayor coordinación intersectorial a nivel central y entre niveles de gobierno es un requisito<br />
esencial para implementar políticas integrales que hagan frente a los problemas <strong>social</strong>es que, por definición, son<br />
complejos y multidimensionales.<br />
Como se indicó en el capítulo III, las instancias colegiadas de coordinación de políticas <strong>social</strong>es, como los<br />
consejos y gabinetes intersectoriales, están presentes en todos los países. En las últimas décadas se ha reforzado la<br />
formalización de la función de gobierno en materia de políticas <strong>social</strong>es de protección, promoción e inclusión <strong>social</strong><br />
para segmentos de población definidos como prioritarios por sus condiciones de pobreza, vulnerabilidad, exclusión<br />
<strong>social</strong> o discriminación. Esto se refleja en el surgimiento de los ministerios y secretarías de desarrollo e inclusión <strong>social</strong>.<br />
Pese a estos avances, en la región persiste una dinámica sectorializada, por lo que se requiere fortalecer tanto<br />
el papel de los ministerios <strong>social</strong>es como la articulación de los actores que participan en la gestión de las políticas.<br />
Para ello, la acción pública debe articularse horizontalmente, desarrollando una dinámica de interacción y<br />
diálogo permanente entre las instancias gubernamentales nacionales que implementan las políticas <strong>social</strong>es, en<br />
especial las de superación de la pobreza y la desigualdad 29 . Ello implica fortalecer la articulación entre los ministerios<br />
de desarrollo <strong>social</strong>, los ministerios sectoriales (como los de salud, educación, trabajo, desarrollo productivo rural<br />
y urbano, medio ambiente y otros), las entidades a cargo de atender de forma transversal a segmentos o categorías<br />
específicas de la población (mujeres, niños, pueblos indígenas, afrodescendientes, jóvenes, adultos mayores, personas<br />
con discapacidad y otras) y los organismos con funciones de coordinación, planificación y financiamiento y de<br />
desarrollo económico en general.<br />
También es necesario un nivel cualitativamente superior de articulación y complementación entre el ámbito<br />
<strong>social</strong> y el económico. Este es uno de los desafíos más importantes de la institucionalidad <strong>social</strong> en la región.<br />
La coordinación es de particular trascendencia para diseñar e implementar políticas <strong>social</strong>es innovadoras, como<br />
las relacionadas con estrategias de inclusión laboral y productiva, los sistemas de cuidado a lo largo del ciclo de<br />
vida, y el territorio como espacio articulador entre acciones nacionales y subnacionales de política <strong>social</strong>. También es<br />
importante para considerar las necesidades y la incorporación transversal de los grupos discriminados o en situación<br />
de desventaja en numerosos ámbitos de la política <strong>social</strong>.<br />
La integración vertical entre los distintos niveles de gobierno y a nivel territorial es otro aspecto central de la<br />
institucionalidad para el desarrollo <strong>social</strong> (especialmente en los países de mayor dimensión territorial y organización<br />
federativa) y exige una mayor coordinación de la acción pública entre las entidades nacionales, regionales y locales.<br />
Es fundamental que la articulación entre los distintos niveles de gobierno no siga una dinámica de “arriba-abajo”<br />
(top-down), con una lógica de integración centralmente dirigida, o mera desconcentración, característica recurrente en<br />
la región, sino que la interacción permita abarcar necesidades <strong>social</strong>es diversas, con clara definición de competencias,<br />
y velar por la cobertura efectiva en diversos espacios geográficos.<br />
29<br />
Los programas de transferencias condicionadas en los que la coordinación responde a la multidimensionalidad de las causas de la<br />
pobreza han ido acompañados de importantes avances y desafíos en la organización y coordinación de sus acciones, con el desarrollo<br />
de instrumentos de gestión y el surgimiento de gabinetes interministeriales y ministerios de desarrollo <strong>social</strong>, tal como fue analizado<br />
en los capítulos II y III.<br />
Capítulo IV<br />
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