Desarrollo social inclusivo

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Asimismo, es esencial contribuir a mejorar las condiciones y formalizar el trabajo doméstico remunerado. Como
se ha indicado en el capítulo I, en 2013 el trabajo doméstico correspondía al 11,5% de la ocupación femenina en
América Latina, aproximadamente 14 millones de mujeres, de las cuales una gran proporción es migrante, indígena
o afrodescendiente y, por lo tanto, vive una situación de múltiples desventajas y discriminación. La legislación
laboral de la mayoría de los países de la región no les garantiza los mismos derechos que a los demás trabajadores
asalariados, en especial en lo que se refiere a la limitación de la jornada laboral, los tiempos de descanso, la
protección contra el desempleo y la maternidad. En muchos países, sus salarios medios son inferiores al mínimo, su
nivel de informalidad es muy elevado y es alta la incidencia del trabajo infantil. Por esas razones, el trabajo doméstico
puede ser considerado uno de los principales “núcleos duros del déficit de trabajo decente” (Abramo, 2015). En este
ámbito, las políticas deben garantizar que el trabajo sea realizado dentro de un marco legal que asegure condiciones
apropiadas, especialmente en lo que respecta a la regulación de la jornada de trabajo o el acceso a la protección
social (CEPAL, 2012b). En el período reciente se han verificado importantes avances en la región en lo que se refiere
al marco legal, incluida la ratificación del Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011
(Núm. 189) de la OIT, pero aún hay un largo camino a recorrer 21 .
También es importante fortalecer la participación de las mujeres en los sindicatos, las organizaciones de
empleadores y otras organizaciones de la sociedad civil, así como en los procesos e instancias de negociación
colectiva y diálogo social tripartito en torno a los temas del mundo del trabajo 22 .
Para superar la pobreza y la desigualdad, es necesario reducir las brechas de participación, empleo (en términos
de acceso y calidad) e ingresos entre hombres y mujeres, considerando la situación de especial desventaja y
discriminación que enfrentan las mujeres indígenas y afrodescendientes, y adoptar políticas de conciliación entre el
trabajo y la familia para hombres y mujeres, ya que ello tendrá efectos beneficiosos en distintos niveles. Por una parte,
habrá ganancias de productividad y mayores ingresos en los hogares, y, por la otra, estas medidas serán un impulso
para avanzar en la igualdad en otras esferas, como el pleno ejercicio de la autonomía, la realización de capacidades
y potencialidades de las personas, el acceso a la protección social contributiva y la sociabilidad ampliada más allá
del hogar, todos temas centrales de la agenda en favor de la igualdad y los derechos en la región (CEPAL, 2014a).
En esta dirección, resulta crucial que los países avancen hacia la incorporación plena en su agenda pública
de políticas en favor de la igualdad de género en el mercado laboral, asociadas a legislaciones y programas que
faciliten e incentiven el equilibrio entre las demandas laborales y familiares de los trabajadores y las trabajadoras,
así como de políticas en ámbitos conexos que fortalezcan la autonomía de las mujeres e impliquen que la sociedad
en su conjunto se haga cargo de las necesidades de cuidado de la población 23 . La igualdad y el cambio estructural
demandan una mayor y mejor participación de las mujeres en el desarrollo económico de la región, así como superar
la discriminación en el mercado laboral y consolidar la garantía de derechos.
6. Promover trayectorias de trabajo decente para los jóvenes y fortalecer el vínculo
entre la educación y el trabajo mediante la formación técnico profesional
Otro aspecto central de una agenda de trabajo decente en la región consiste en enfrentar las altas tasas de desempleo,
informalidad, precariedad, desprotección social y exclusión del eje educación-empleo que afectan a los jóvenes
latinoamericanos y caribeños, en especial a los más pobres, de menor nivel educativo, del sexo femenino, indígenas
y afrodescendientes 24 . Eso exige políticas integradas e intersectoriales en, por lo menos, los siguientes ejes: más y
mejor educación; conciliación entre estudios, trabajo y vida familiar; ampliación de la inserción laboral en empleos
productivos y de calidad; ampliación de las oportunidades de formación técnica y capacitación para el trabajo y
21
Como se ha señalado en el capítulo I, el Convenio núm. 189 de la OIT ha tenido una significativa adhesión en la región: transcurridos
solo 4 años desde su aprobación en 2011, ha sido ratificado por 12 países, de un total de 22 que lo ratificaron en todo el mundo.
22
Véase más información sobre la importancia de la negociación colectiva para el avance de los derechos de las mujeres en el trabajo
en Abramo y Valenzuela (2014) y Abramo y Rangel (2005).
23
En esa área, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se destacan el Objetivo 5 (Lograr la igualdad de género y empoderar a
todas las mujeres y las niñas) y particularmente las metas 5.1 (Poner fin a la discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo
el mundo) y 5.4 (Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras
y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país),
así como la referencia a la igualdad de remuneración para trabajo de igual valor en la meta 8.5 del Objetivo 8.
24
En la meta 8.6 del Objetivo 8 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se establece: De aquí a 2020, reducir sustancialmente
la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
Capítulo IV
138