Desarrollo social inclusivo

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Con relación a las normativas nacionales y considerando las distintas funciones del área social, se observa que
en más de la mitad de los países de América Latina y el Caribe se mencionan en la constitución los derechos a la
salud y a la educación, ámbitos de política en los que a su vez se cuenta con legislación específica. En un tercio de
los países, se considera en la constitución la protección al trabajo y el derecho a la seguridad social, y en la misma
cantidad se consigna el derecho a la vivienda, en tanto que en 21 países existe normativa nacional específica sobre
el primer ámbito y solo en 14 países normativa específica sobre el segundo (véase el gráfico III.2).
Gráfico III. 2
América Latina y el Caribe (33 países): existencia de normativa constitucional
y normativa específica en temas sociales, a septiembre de 2015
(En números de países)
Segmentos de la población Temas sectoriales
Desarrollo social
Protección al trabajo y seguridad social
Educación
Salud
Vivienda
Mujeres
Niños y adolescentes
Jóvenes
Personas de edad
Personas con discapacidad
0 5 10 15 20 25
Mención en la constitución Normativa específica
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.
Capítulo III
En cuanto a los derechos acordados para segmentos específicos de la población, las personas con discapacidad
son las que tienen una mención explícita más recurrente en las constituciones de los países de la región (11 países),
seguidas por las personas de edad (8 países) y los niños, niñas y adolescentes (6 países), al mismo tiempo que los
derechos de las mujeres (4 países) y de los jóvenes (1 país) y la definición del racismo como crimen (1 país) tienen las
menores frecuencias de mención a nivel constitucional. En lo que se refiere a las legislaciones nacionales, 14 países
cuentan con marcos normativos específicos sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y 10 con marcos
normativos sobre los derechos de las mujeres.
Cabe destacar que la noción de desarrollo social no aparece mencionada en ninguna de las constituciones de
los 33 países latinoamericanos y caribeños, en tanto que solo 9 países cuentan con una legislación específica sobre
el tema. No obstante, muchas constituciones latinoamericanas contienen varias referencias a derechos sociales,
políticos, culturales y económicos cuya observancia no siempre es efectiva. La real activación de esas disposiciones
constitucionales puede ser un punto de referencia crucial para el cometido de las políticas sociales y acarrear
exigencias en términos de su diseño e implementación y, con ello, de su institucionalidad.
Persisten, por lo tanto, numerosos desafíos en materia de legislaciones nacionales para dotar a la política social
de una institucionalidad asentada con mayor solidez. Los acuerdos internacionales ciertamente otorgan una base
legal sobre la que sustentar la política pública pero, como se mencionó antes, menos de la mitad de los países han
ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, aun cuando la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño
tienen una adhesión casi unánime, su expresión en legislación específica es insuficiente para dar sostenibilidad a
las políticas con un enfoque de Estado en toda la región.
Más allá de la base legal existente, cabe preguntarse si existen o no planes nacionales que permitan traducir las
leyes en intervenciones específicas o que al menos reflejen la existencia de políticas explícitas. De acuerdo con la
revisión de la información disponible en los 33 países, 22 de ellos cuentan con un plan de desarrollo social. Esto no
significa que en los 11 restantes no existan políticas mediante las cuales se traten estos temas; sin embargo, estas no
comprenden una estrategia formalmente integral.
Orientar de manera progresiva la política social hacia el cumplimiento efectivo de los derechos económicos,
sociales y culturales supone estrechar la distancia entre los compromisos y mandatos formales, por una parte, y
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