Desarrollo social inclusivo

Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza...
Dada la heterogeneidad productiva de la región, el acceso a un empleo por sí solo no es una garantía para superar
la condición de pobreza o vulnerabilidad 11 . Por lo tanto, se requieren políticas que promuevan el trabajo decente
(véase el recuadro IV.2). Esto incluye, entre otras medidas, implementar políticas macroeconómicas, productivas
y sectoriales favorables a la generación de empleos de calidad, promover la formalización del trabajo y de la
economía informal, fomentar la autonomía económica de las mujeres, ampliar las oportunidades de construcción
de trayectorias de trabajo decente para los jóvenes y desarrollar políticas y regulaciones de conciliación entre trabajo
y familia, avanzar en políticas de valorización del salario mínimo, implementar o fortalecer medidas de protección
al empleo (como los seguros de desempleo), prevenir y erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso, combatir
todas las formas de discriminación en el empleo y la ocupación, garantizar los derechos de organización sindical y
negociación colectiva, e instituir y fortalecer instancias y procesos de diálogo social.
El concepto de trabajo decente fue formalizado por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en 1999 como una síntesis de su
misión histórica de promover oportunidades para que hombres y
mujeres puedan desarrollar un trabajo productivo y de calidad, en
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humanas.
Esa noción expresa el punto de convergencia de cuatro objetivos
estratégicos: la generación de empleos productivos y de calidad,
la promoción de los derechos en el trabajo, la extensión de la
protección social y el fortalecimiento del diálogo social.
El concepto de trabajo decente integra las dimensiones
cuantitativa y cualitativa del empleo. Propone no solamente
medidas dirigidas a la generación de puestos de trabajo y al
enfrentamiento del desempleo, sino también a la superación de
formas de trabajo que generan ingresos insuficientes para que
los individuos y sus familias superen la pobreza, o que se basan
en actividades insalubres, peligrosas, inseguras o degradantes y,
por ese motivo, contribuyen a la reproducción de la desigualdad
y de la exclusión social. Afirma la necesidad de que el empleo
esté asociado a la protección social y a la plena observancia de
los derechos en el trabajo, entre ellos los de representación,
asociación, organización sindical y negociación colectiva.
Se trata de un concepto multidimensional, que agrega otras
dimensiones a la noción de empleo de calidad: la de derechos
(todas las personas que viven de su trabajo, o que necesitan un
trabajo para vivir, son sujetos de derecho), la protección social,
la voz y representación. Reafirma que hay formas de empleo
y trabajo que son inaceptables y deben ser abolidas, como el
trabajo infantil y todas las formas de trabajo forzoso, obligatorio o
degradante. Señala la necesidad imperiosa de reducir los déficits
de trabajo decente en la economía informal y de avanzar hacia
una progresiva formalización, y define la igualdad de género
como un eje transversal.
En los años que siguieron a la formalización de ese concepto
por parte de la OIT, los gobiernos, las organizaciones sindicales y
las organizaciones de empleadores de los países latinoamericanos
y caribeños fueron asumiendo progresivamente el objetivo de
promoción del trabajo decente como un factor fundamental para
la superación de la pobreza y la desigualdad social, el desarrollo
sostenible y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
Esa visión se fue plasmando en foros intergubernamentales y
tripartitos del más alto nivel, entre los que se desatacan la XIII,
XIV y XV Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo
(CIMT) realizadas en el ámbito de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) con la participación de la OIT (Salvador, Bahia,
Recuadro IV.2
La trayectoria del concepto de trabajo decente
septiembre de 2003; México, D.F., septiembre de 2005; Puerto
España, septiembre de 2007), la Conferencia Regional de Empleo
de MERCOSUR (Buenos Aires, abril de 2004), la Conferencia
Regional Andina sobre el Empleo (Lima, noviembre de 2004),
el Foro Tripartito Subregional para el Empleo de Centroamérica
(Tegucigalpa, junio de 2005), la IV Cumbre de las Américas
(Mar del Plata, noviembre de 2005) y la XVI Reunión Regional
Americana de la OIT (Brasilia, mayo de 2006).
En la Asamblea General de las Naciones Unidas de
septiembre de 2005, el trabajo decente pasa a ser asumido
como un elemento central de las estrategias de disminución de
la pobreza y, por lo tanto, de la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM). En el párrafo 47 del documento
final de la Cumbre Mundial 2005, aprobado por los Jefes y Jefas
de Estado, se establece que los objetivos del empleo pleno y
productivo y del trabajo decente para todos, especialmente para
las mujeres y los jóvenes, pasan a ser definidos como “una meta
fundamental de nuestras políticas nacionales e internacionales
y nuestras estrategias nacionales de desarrollo, incluidas las
estrategias de reducción de la pobreza, como parte de nuestro
esfuerzo por alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio” a .
A partir de ese momento el trabajo decente se convierte
en un compromiso asumido por todo el sistema de las Naciones
Unidas y no solamente por la OIT. En abril de 2006, fue el
tema central de la serie de sesiones de alto nivel del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas reunido en Nueva
York, que definió la necesidad de que el conjunto del sistema
de las Naciones Unidas realice un esfuerzo para integrar el
trabajo decente a las políticas y programas de desarrollo en el
ámbito internacional.
En junio de 2009, como parte de la respuesta a la crisis
económica internacional, los constituyentes tripartitos de la
OIT, reunidos en Ginebra en la Nonagésima Octava Reunión
de la Conferencia Internacional del Trabajo, aprobaron por
consenso el Pacto Mundial para el Empleo, que consiste en
una respuesta a la crisis internacional a partir de la perspectiva
del trabajo decente. Su objetivo estratégico fue afirmar la
necesidad de que el empleo, los ingresos, la protección social,
la sostenibilidad de las empresas y el respeto a los derechos
de los trabajadores y las trabajadoras ocupasen un lugar central
en las respuestas a la crisis y en los procesos de recuperación,
enfatizando la importancia del diálogo social entre gobiernos y
organizaciones sindicales y de empleadores para la definición
e implementación de esas políticas.
11
La región cuenta con una alta proporción de trabajadores pobres: un 18,9% en 2013 (datos de CEPALSTAT). Se trata de personas que,
pese a estar insertas en el mercado laboral, no perciben ingresos suficientes para superar la línea de la pobreza.
Capítulo IV
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