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Juicio oral
inquisitivo), así como al proceso penal y las funciones de los sujetos procesales
que en el mismo se despliegan.
Sin embargo, son por todos conocidas las críticas que se han efectuado
en contra del sistema inquisitivo. Para ello, basta con señalar las palabras
de Kurt Madlener, antiguo encargado del Instituto Max Planck de Derecho
Penal extranjero e internacional para España e Hispano-América, quien
precisa que el sistema inquisitivo denota un poder aplastante de la justicia
y del juez, una falta de posibilidad de defensa, el empleo de la tortura,
las penas arbitrarias y una falta total de independencia del juez, que era
nada más que el encargado del soberano, que en la época era el principal
absoluto del Estado y así también la justicia [6] .
En suma, el sistema inquisitivo no es pues un verdadero proceso. La
aplicación de la ley penal corresponde a los tribunales, pero estos no
utilizan el proceso; se trata entonces de un Derecho Penal “típicamente
administrativo” y en su actividad no se respetan los principios de dualidad
de partes, contradicción e igualdad, que hacen la esencia misma de la
existencia del proceso [7] .
Pero, por otro lado, ante la crisis del paradigma ya comentado, surge uno
nuevo, el cual parte de que el problema no consiste en restar legitimidad
al Estado al utilizar este proceso penal como marco de imposición de la
sanción, sino que el peligro está en considerar esta como la única finalidad,
o simplemente la más importante; y ello, lamentablemente, se ha
dado en nuestra praxis procesal, centrada en el cumplimiento estricto de
la ley penal, que olvida que en el proceso penal, junto al conflicto entre la
sociedad afectada por el delito y el responsable de los hechos, que efectivamente
dispensa una consideración pública a la persecución penal,
hay otro conflicto que se entabla entre la víctima (el ofendido) y el autor
del daño.
A este último conflicto, en palabras de Moreno Catena, es al que debe dar
respuesta el sistema penal y el proceso penal; no puede ser olvidado sino
que ha de ocupar un puesto principal en las inquietudes de los juristas,
[6] Cfr. MADLENER, Kurt. “Derecho Procesal Penal y derechos humanos”. En: La ciencia penal y la política criminal
en el umbral del siglo XXI. Instituto Nacional de Ciencias Penales, México D.F., 1998, p. 203.
[7] Cfr. MONTERO AROCA, Juan. Derecho jurisdiccional, tomo III, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 16.
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