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Guía práctica Nº 2 / Gaceta Penal
lado, nos rasgamos las vestiduras afirmando que si se discute la reparación
civil en el proceso penal, estamos desnaturalizando este proceso
judicial, privatizándolo.
Lamentablemente, este doble discurso se desprende de seguir pensando
que en el proceso penal solo está en juego la existencia de un hecho que
tiene caracteres de delito y la imposición de una sanción: la respuesta
punitiva por parte del Estado que justificó tantos postulados hoy en día
abandonados, tales como la indisponibilidad de la acción penal, la observancia
a ultranza del principio de legalidad procesal, ver al imputado
como objeto de la prueba e incapaz de contradecir nada, etc.
Por el contrario, debemos de ver al proceso penal como el marco donde
se discute un conflicto en el que están comprendidos diferentes sujetos,
conflicto al que se debe proporcionar la adecuada respuesta jurídica. Si
nos centramos exclusivamente en el problema de la represión penal, en
el proceso penal, en la imposición de la oportuna sanción al hecho delictivo
que se ha cometido, en palabras de Moreno Catena [113] , se está
desviando la atención de algo muy importante en el curso del proceso,
como sería el papel o la respuesta del ordenamiento jurídico a la víctima
del delito.
Y el conflicto social creado entre el Estado y el delincuente, relegando a
la víctima de toda participación, implicaría que este conflicto social no se
atendiera ni se resolviera, pues el proceso se centraría exclusivamente
en el aspecto de la pura represión.
Que la víctima tiene intereses particulares claro que sí, es natural, puesto
que ha sido, desde su perspectiva, ofendido por la conducta del imputado.
Que reclame justicia es connatural a su estatus de perjudicado, y que ese
reclamo importe sanción y reparación no desnaturaliza ninguna institución
procesal o político-criminal. Asimismo, por el lado del imputado también
observamos intereses particulares: que se le declare inocente, o bien, en la
hipótesis de un juicio de responsabilidad, que reciba una sanción atenuada.
¿Acaso porque su estrategia procesal apunte a tales intereses, satanizamos
al proceso penal, denunciando una “privatización” del mismo?
En todo proceso judicial, incluyendo el penal, hay intereses en juego, que
se discuten y que motivan el desarrollo de la actividad procesal de las
partes.
[113] Cita tomada de BACIGALUPO, Enrique y otros. Ob. cit., p. 151 y s.
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