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Juicio oral
Ahora bien, al lado de aquellos intereses privados también están los sociales,
los cuales también son producto de la comisión del delito, debido
a que algunos de los bienes jurídicos que pueden ser vulnerados por el
delito presentan como titular a la sociedad, y aún en el caso de los bienes
jurídicos individuales todo comportamiento delictivo importa una dañosidad
social que justifica la necesidad de imponer una pena.
Corren ríos de tinta sobre la victimización secundaria del ofendido por
el proceso penal, pero ¿acaso no estamos incurriendo en ese error al
afirmar que es incorrecto que la víctima tenga como móvil para recurrir al
proceso penal la reparación de los daños ocasionados por el delito?
Felizmente, la moderna victimología rechaza tales postulados y, por el
contrario, reclama un concepto amplio de reparación. La reparación penal
no puede identificarse con el contenido de la responsabilidad civil
derivada del delito, por las siguientes razones [114] :
- Abarca también la compensación del daño social producido por el delito,
además del ocasionado en las personas singulares perjudicadas;
de ahí la apertura a la reparación social o simbólica.
- Exige un esfuerzo personal relevante al responsable penal de la
infracción.
- Atiende a la pluralidad de dimensiones del daño provocado por el delito,
por lo que tiene un contenido fundamentalmente no económico.
- Incluye un canon de exigibilidad, en virtud del cual se excluyen prestaciones
no asumibles por el infractor (principio de la reparación en la
medida de la propia capacidad).
Respecto a las dos primeras dimensiones de la reparación, puede hablarse,
respectivamente, de un “valor de resultado” y de un “valor de acción”,
susceptibles de compensar, al menos con relación a determinados delitos,
una parte del desvalor propio del hecho injusto cometido [115] .
[114] Las cuales han sido tomadas por la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo de 2001
relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal. La referida Decisión Marco representa un importante
paso adelante en la fi jación de un estándar común europeo para la protección de los derechos de las víctimas.
Estructuramos sus contenidos en cinco bloques que se corresponden con los derechos más relevantes: información,
participación, asistencia, protección y reparación.
[115] En el Derecho peruano la vía establecida para hacer efectivo este derecho es la acción civil, que puede ser acumulada
a la penal y cuyo ejercicio compete incluso al propio Ministerio Público, salvo que la agraviada se haya
constituido en actor civil.
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