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Guía práctica Nº 2 / Gaceta Penal
juego intereses sociales superiores, cuya realización no admite su supeditación
a la iniciativa privada como, por ejemplo, el ejercicio público de
la acción penal [94] .
Por otro lado, se distingue en doctrina entre “parte” en sentido formal y
“parte” en sentido material. Se le incluye al Ministerio Público en la primera
de las categorías, toda vez que se manifiesta formalmente como parte
en el proceso, promoviendo la acción, requiriendo el dictado de resoluciones,
aportando elementos de juicio a través de fundamentaciones y
pruebas, interponiendo recursos, etc. Mientras que como parte material
encarna el interés público, un ente imparcial en la realización de la justicia,
el que a veces puede coincidir con la postura de la defensa [95] .
Al respecto, Sagüés, refiriéndose al rótulo que se le impone al ente fiscal
de “parte imparcial” dice que es “parte” en sentido formal, no material, y
es imparcial ya que el Ministerio Fiscal debe actuar con objetividad [96] .
Para Vélez Mariconde su “(...) función es absolutamente objetiva, estrictamente
jurídica y siempre ajena a toda consideración de conveniencia
política (…) la distinción entre la función requirente y la jurisdiccional (en
sentido estricto) es puramente formal”, toda vez que ambas “se inspiran
en la misma finalidad”, procurando “el imperio de la verdad que da base
a la justicia” [97] .
Asimismo, se califica al fiscal de “parte en sentido procesal”, entendida
como aquella que postula una resolución judicial (parte activa) frente a
otra persona, que es contra quien se insta dicha resolución (parte pasiva).
Otros autores prefieren utilizar el vocablo “sujetos” frente al de partes [98] .
[94] Tal situación puede ser destacada en legislaciones como la argentina (artículo 66 inciso 1 del Código Procesal
Penal de Santa Fe y artículo 142 incisos 1 y 2 de la Ley de la Provincia de Santa Fe N° 10.160). Se ha dicho en ese
país que su orden jurídico ha dado otro paso normativo fundamental en aras de la independencia y autonomía del
Ministerio Público, esto es, la dación de su Ley Orgánica (N° 24.946), la que consolidó la directiva constitucional y
formuló el principio de unidad de la institución sin lesión de las autonomías de cada fi scal.
[95] Para Carnelutti, el Ministerio Público presenta un “aspecto ambiguo entre la parte y el juez” y lo caracteriza como
parte imparcial (Cfr. CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Derecho Procesal Civil. Tomo II, El Ateneo, Buenos
Aires, 1944, p. 52).
[96] SAGÜÉS, Néstor Pedro. “Carrera fi scal”. En: E.D.T. N° 106, Buenos Aires, 1984, p. 980 y ss.
[97] Cfr. VÉLEZ MARICONDE, Alfredo. Derecho Procesal Penal. Tomo I, Lerner, Buenos Aires, 1969, p. 253.
[98] Clariá Olmedo habla de “sujetos procesales” (Cfr. CLARIÁ OLMEDO, Jorge. Derecho Procesal Penal. Lerner,
Córdova, 1984).
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