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Guía práctica Nº 2 / Gaceta Penal
Que el sistema procesal estructure un proceso que permita la discusión
de la solución de un “conflicto” generado por la comisión de un
ilícito penal.
Que el sistema procesal permita la realización de un conjunto de
actos procesales determinados por disposiciones que reglamentan
su ejercicio. Estas disposiciones son las denominadas normas de
procedimiento.
Que el sistema procesal no excluya la función jurisdiccional del
Estado, dado que la actividad judicial, aun cuando esté realizada por
algunos sujetos que no tienen función jurisdiccional –las partes, por
ejemplo–, importa un ejercicio público trascendente, tal vez el más
importante que realice el Estado: impartir justicia.
Que el sistema procesal permita la solución del conflicto a través
de una manera consensuada, o bien a través del fallo judicial, dado
como conclusión de la actividad dialéctica realizada por las partes.
Que el sistema procesal denote una actividad procesal dialéctica. El
concepto “dialéctico” a que se ha hecho alusión indica la presencia
de intereses contradictorios de las partes, los cuales constituyen el
elemento central y distintivo del proceso judicial (civil, laboral, penal,
etc.), donde todas, de una manera u otra, han coadyuvado a que se
logren dos fines a través del proceso: uno privado (que se ponga fin
al conflicto de intereses) y otro público (que se postule una sociedad
con paz social en justicia).
Consideramos que la finalidad procesal de resolver el conflicto, aunada
a las características antes señaladas, dota de fundamento y contenido al
denominado sistema acusatorio con tendencia adversarial [14] .
Este sistema, además de replantear de modo protagónico la presencia del
fiscal en el proceso, destaca la tarea del juez penal, asignándole exclusivamente
la facultad del fallo, dejando la labor de investigación en manos
[14] El señalar el carácter de tendencia a lo adversarial se debe a que la reforma colombiana no ha adoptado un sistema
acusatorio-adversarial puro, ello porque el nuevo Código aún presenta herencias del sistema procesal anterior
(v. gr. la facultad excepcional de la prueba de ofi cio), y en concreto el sistema acusatorio puro no puede existir,
pues se basa en una forma de democracia imposible de ejercer hoy: la democracia directa. Al respecto, consúltese:
MONTERO AROCA, Juan. Principios del proceso penal. Una explicación basada en la razón, Tirant lo Blanch,
Valencia, 1997, p. 25. MAIER, Julio. Ob. cit., p. 257. IBÁÑEZ GUZMÁN, Augusto José. “Estándares internacionales
para la reforma al sistema penal colombiano”. En: Derecho Penal y sistema acusatorio en Iberoamérica,
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, p. 187.
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