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Guía práctica Nº 2 / Gaceta Penal
Sin embargo, si se considera que el fundamento del proceso está dado
en la consecución de sus dos finalidades: solucionar el conflicto de intereses
generado por la comisión de un delito, así como legitimar la imposición
de la sanción estatal, entonces se puede admitir como sujetos a
la víctima, a la fiscalía y a las denominadas “partes civiles” (actor civil y
tercero civil), dado que el delito, al generar intereses privados (de absolución
o atenuación por el lado del imputado, y de restitución o reparación
por el lado de la víctima), así como intereses públicos o sociales (en
virtud a la dañosidad social que produce la comisión de cualquier delito),
exige la intervención en el proceso –valga la redundancia– de los interesados,
quienes en forma dialéctica defenderán o apoyarán las legítimas
expectativas presentadas ante el órgano jurisdiccional, el cual tendrá que
resolverlas en el marco del proceso penal.
No se puede hablar del delito sin considerarlo como un fenómeno jurídico-social
que genera situaciones de conflicto entre sus intervinientes.
Pensar que todo se reduce a la lucha entre el Estado y el acusado (entre
el “bien” y el “mal”) implica despersonalizar al fenómeno delictivo, olvidar
no solamente a la víctima (como usualmente se denuncia), sino también
a otros personajes como el tercero civil y, aún más, al propio Ministerio
Público. Convertir en objetos a los sujetos, denotar su mera intervención
sin ningún tipo de calificativo jurídico conlleva el regreso a vetustas concepciones,
propias del siglo XIX.
Por otro lado, está la noción de “parte”. El concepto de partes (contrapuestas)
está íntimamente ligado a la idea de conflicto de intereses, lo
que ha llevado a un sector de la doctrina procesal a negar la existencia de
partes en el proceso penal, exactamente por rechazar la existencia de un
conflicto de intereses en el proceso penal. Otro argumento que contribuye
a esa posición es la situación del Ministerio Público en el proceso penal,
puesto que para algunos autores, su presencia se debe a un poder-deber
de actuar la voluntad de la ley, ya que no participa en la relación jurídica
material. Así, para Manzini el Ministerio Público no es parte porque no solicita
al juez en su propio nombre y ni siquiera su actuación está vinculada
a un derecho subjetivo, sino al poder-deber de actuar [82] .
[82] Cfr. MANZINI, Vicenzo. Tratado de Derecho Procesal Penal, tomo I. Traducción de Sentis Melendo y Ayerra Redín,
Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1951, p. 115 y ss.
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