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2004, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a un juicio previo,
oral, público y contradictorio, desarrollado conforme a las normas de
este Código” [26] .
Este derecho al juicio previo ha sido desarrollado a través de la denominada
fase procesal: juzgamiento (o juicio oral [27] ), cuyo objetivo es la
demostración de la acusación penal a través de la actuación y análisis de
los medios probatorios, siendo dentro de un modelo acusatorio la etapa
central del proceso penal.
II.
El juicio oral en la dinámica de solución de conflictos de intereses
Recapitulando lo señalado en el capítulo anterior: todo proceso judicial,
entre ellos el penal, denota un marco de discusión de un conflicto de intereses
[28] . En efecto, el delito, como fenómeno jurídico, genera un conflicto de
[26] En el ámbito de la legislación comparada, encontramos este derecho en los siguientes textos procesales: Código
de Procedimientos Penales de Bolivia (1999): Artículo 1.- “Nadie será condenado a sanción alguna si no es por
sentencia ejecutoriada, dictada luego de haber sido oído previamente en juicio oral y público, celebrado conforme
a la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y este Código”.
Código Procesal Penal de Paraguay (1998): Artículo 1.- “Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, fundado
en una ley anterior al hecho del proceso, realizado conforme a los derechos y garantías establecidos en la
Constitución, el Derecho Internacional vigente y a las normas de este código. En el procedimiento se observarán
especialmente los principios de oralidad, publicidad, inmediatez, contradicción, economía y concentración, en la
forma en que este código determina”.
Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela (2006): Artículo 1 (Título Preliminar).- “Nadie podrá ser condenado
sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, ante un juez o tribunal imparcial, conforme a
las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados
en la Constitución de la República, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos
por la República”.
[27] La etapa se ha conocido bajo diferentes denominaciones, las que destacan alguna característica de esta; así se
ha hablado de “plenario”, atendiendo a que tanto las partes como el órgano jurisdiccional actúan en la plenitud
de sus facultades; de “debate” o “discusión”, destacando la mecánica eminentemente contradictoria; y de “juicio”,
nombre que se ha impuesto y que deriva tanto de “juzgamiento” como de la circunstancia de que toda la actividad
conduce, en defi nitiva, a la afi rmación de reproche o absolución respecto de lo imputado.
[28] Frente a un confl icto de voluntades en torno a un interés entre dos personas, cualifi cado por la oposición de dos
pretensiones opuestas, la única actividad posible es la de invocar, solicitar la tutela jurisdiccional del Estado. En la
concepción “carneluttiana” el proceso es la justa composición de la litis, entendiendo por litis el confl icto (intersubjetivo)
de interés califi cado por una pretensión resistida. Cfr. CARNELUTTI, Francesco. Derecho Procesal Civil y
Penal, Ejea, Buenos Aires, 1971, p. 301. Igualmente para Leone, en el proceso penal siempre existe un confl icto,
un contraste de intereses y la actuación de las partes puede ser delineada en el confl icto entre el poder punitivo
del Estado y el derecho de libertad del imputado. Cfr. LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale,
volumen I, Jovene, Napoli, 1961, p. 181. Igualmente, para Creus el Derecho Procesal, frente al Derecho sustancial,
también es llamado a funcionar en hipótesis de confl icto (real o pretendido) para lo cual regula el acto o actuación
jurisdiccional a la cual confl uyen, además de la actividad del juez, la de las “partes” que se interesan en el confl icto.
Cfr. CREUS, Carlos. Ob. cit., p. 3.
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