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Guía práctica Nº 2 / Gaceta Penal
En segundo lugar, la regla de la excepcionalidad debió haber sido complementada
con el principio de necesidad para el fundamento decisorio;
es decir, la prueba de oficio debió ser entendida como necesaria cuando
implique la posibilidad de que el juez cambie su decisión; no habría, por
ende, otras razones que justifiquen esta figura. Por lo tanto, sería una
mala praxis judicial que el juez sea el actor principal en los exámenes a
acusados, testigos y peritos que se den en el juicio oral, so pretexto de
un deficiente interrogatorio; él no está llamado a suplir las deficiencias
del examinador, debiendo dejarlo que asuma las consecuencias de su
deficiencia.
En tercer lugar, está el tema de las objeciones que, como sabemos, son un
medio para ejercer el derecho de contradicción cumpliendo las siguientes
funciones: a) que ingrese al proceso información de calidad, b) evitar la
introducción de pruebas ilegales, y c) minimizar el efecto demostrativo de
las pruebas. Si ello sucede, el abogado que objeta debe guardar silencio
y esperar a que el juez resuelva, luego contestar la objeción o reformular
la pregunta; debe, al fin y al cabo, convencer al juez de que la prueba es
irrelevante o inconducente.
Pero si la persona objetada es el propio juez, ¿cómo se podrá cumplir con
esa finalidad? Porque, obviamente, el juzgador cree que su intervención
es relevante y conducente, salvo que se lleve al extremo el principio de
buena fe, esto es, que el juzgador a la llamada de atención que haga
el abogado, declare fundada la objeción hecha en su contra y reformule
su pregunta, siendo ello utópico por todas las implicaciones psicológicas
que subyace a la formulación de una pregunta, su objeción y su
reformulación [178] .
Por ende, son razones que deben llamar la atención sobre si es necesario
mantener un modelo procesal con tendencia a lo acusatorio-adversarial
que justifique la permanencia de figuras como la prueba de oficio, o
Así, en el artículo 365 enumera los actos que de ofi cio el juez o tribunal puede disponer: a) reconocimientos de
personas que no se hubieran practicado durante la investigación preparatoria; b) declaración de testigos que no
pudieron comparecer al debate; c) reconocimiento de documentos privados ofrecidos como prueba; d) pericias y
demás actos que no pudieron practicarse durante el debate. Para mayores detalles, véase: CREUS, Carlos. Ob.
cit., p. 110 y s.
[178] Sobre las objeciones, véase: CASTRO OSPINA, Sandra. Cinco estudios sobre el sistema acusatorio. Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, 2005, p. 83 y ss.
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