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Juicio oral
ello debe ser la consecuencia de una investigación que previamente ha
realizado, la cual le permite reunir la información que le genera convicción
sobre la existencia de un hecho, el cual reuna los elementos que
lo califiquen como delito, así como sobre la presencia de un presunto
responsable [18] .
Esta exigencia, tanto epistemológica (solo se puede conocer la presencia
de un delito si previamente se indaga por la naturaleza de los hechos
materia de denuncia o informe policial) como normativa (que dota de
contenido, por ejemplo, a la garantía de un debido proceso), conlleva la
necesidad de contar con una etapa de investigación, la cual esté a cargo
del Ministerio Público: solo el fiscal acusa lo que investiga e investiga
para decidir si acusa o no (las funciones de investigación y acusación son
inseparables, inescindibles en la actuación del Ministerio Público).
En ese sentido, la etapa de investigación, para que sea eficaz, debe cumplir
con las siguientes características:
Presenta una finalidad u objetivo.- La finalidad de la investigación
es que el fiscal establezca si la conducta incriminada es delictuosa,
las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor
o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado.
Presenta un director o responsable de su realización.- La dirección
de la investigación debe estar a cargo del Ministerio Público.
Debe observar un plazo procesal.- Dentro de la garantía a un debido
proceso, recogida, por ejemplo, en el Pacto de San José de Costa
Rica, ninguna persona puede ser sujeta a una investigación penal indeterminada;
admitir esta posibilidad conllevaría a que el investigado
presente una incertidumbre con relación a su situación jurídica (si va
ser o no objeto de una acusación penal).
El agente del Ministerio Público debe contar con una estrategia.-
La dinámica del proceso penal exige pasar por cada una de
las etapas procesales con una estrategia, diseño o planteamiento
[18] A lo largo del presente texto se empleará el término “presunto”, el cual deriva del principio constitucional de la
presunción de inocencia; en ese sentido, mientras no se tenga una sentencia condenatoria fi rme, la persona del
indiciado, investigado, acusado, juzgado o, en suma, imputado, se le considera inocente.
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