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Guía práctica Nº 2 / Gaceta Penal
Culminados los alegatos preliminares, el juez o el presidente del juzgado
colegiado informarán al acusado de sus derechos y le indicará que
es libre de manifestarse sobre la acusación o de no declarar sobre los
hechos.
Así, entre los derechos que se le informarán al acusado tenemos: a) el
acusado en cualquier estado del juicio podrá solicitar ser oído, con el fin
de ampliar, aclarar o complementar sus afirmaciones o declarar si anteriormente
se hubiera abstenido, y b) el acusado en todo momento podrá
comunicarse con su defensor sin que por ello se paralice la audiencia, derecho
que no podrá ejercer durante su declaración o antes de responder
a las preguntas que se le formulen.
El juez, después de haber instruido de sus derechos al acusado, le preguntará
si admite ser autor o partícipe del delito materia de acusación y
responsable de la reparación civil; esta es la denominada figura de “la
conformidad del acusado con los términos de la acusación”, que es un
mecanismo consensual entre el Ministerio Público y la defensa, que al
cristalizarse origina que ya no se tenga por qué continuar con la audiencia
del juicio oral, sino que el juzgador expedirá la respectiva sentencia,
cuyo contenido, por regla general, debe ser exactamente igual a los términos
de la acusación que el acusado ha aceptado; sin embargo, ello no
elimina la presencia de situaciones excepcionales que conlleven a que el
juez dicte sentencia en términos diferentes a los de la acusación (esas
situaciones las analizaremos más adelante).
El acusado, antes de responder si se encuentra conforme con los términos
de la acusación, podrá solicitar por sí o a través de su abogado conferenciar
previamente con el responsable del Ministerio Público para llegar
a un acuerdo sobre la pena para cuyo efecto se suspenderá el juicio
por breve término. Esta posibilidad de “negociación” entre la defensa y la
fiscalía es un mecanismo procesal traído de la justicia norteamericana.
En ese sentido, es jurídicamente factible que se entablen tratativas entre
la defensa y la fiscalía en torno a la aceptación de responsabilidad del
acusado a cambio de una pena y un monto de reparación civil no tan
gravoso para sus intereses. Sin embargo, la justificación de la negociación
penal es más pragmática que garantista, máxime si puede entrar en
colisión con principios tales como el de proporcionalidad de la pena o de
legalidad procesal.
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