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Juicio oral
Empero, ello no debe per se descalificar las figuras de la negociación y
conformidad del acusado con los términos de la acusación; y ello por las
siguientes razones:
En el modelo acusatorio con tendencia adversarial el paradigma central
es que el proceso penal brinde una respuesta a los sujetos involucrados
en un conflicto penal; por regla general, esa respuesta debe
darse en función de lo que se realice dentro de un juicio oral. Esto significa
que todos los delitos, graves o no graves, dolosos o culposos
pasen por la etapa del juzgamiento sin excepción alguna, máxime si
el inculpado tiene derecho a un juicio previo, sea cual fuese el delito
que se le imputa.
Sin embargo, cuál sería la cantidad de juicios orales en materia de
delitos con mayor estadística (v. gr. lesiones, hurtos, omisión a la
obligación de pasar alimentos, falsificaciones de documentos, etc.);
obviamente, ello conllevaría a una carga procesal en los juzgados
de juicios orales difícil de manejar (sin mencionar el juzgamiento de
causas complejas, que de por sí son complicadas). Para ello, es menester
brindarle a las partes mecanismos alternativos de solución al
conflicto penal que originen que los casos que lleguen hasta la audiencia
del juicio oral sean aquellos que por su naturaleza compleja o
discutida merecen ser enjuiciados y, por ende, los casos de mediana
o pequeña gravedad sean resueltos por otros mecanismos, sin saturar
al sistema de justicia penal [164] .
La adopción en el sistema de justicia penal de mecanismos alternativos
debe ser flexible, es decir, debe haber tales mecanismos tanto
extraproceso (como por ejemplo, los centros de mediación penal,
que permitan que el conflicto sea resuelto sin llegar a un proceso
penal), o bien intraproceso, es decir, dentro del proceso penal. Este
último caso, el legislador debe procurar que se apliquen ya sea en
la averiguación previa, en la instrucción o investigación formalizada,
[164] Para grafi car lo dicho, piénsese en los Estados Unidos. Según un informe de CNN, del 17/10/2006, se estimó
que la población en aquel país bordea los 300 000 000 de habitantes. Piénsese que el 1% estén involucrados en
procesos penales, cuyas causas lleguen hasta la etapa del juzgamiento. En ese sentido, habrían 3 000 000 de audiencias
de juicio oral, cantidad que obviamente el sistema no puede soportar. No obstante, en aquel país, donde
tienen un gran desarrollo las técnicas de litigación oral, no todas las causas llegan a juicio, porque las partes optan
por acogerse a un mecanismo alternativo de solución del confl icto penal. Ese tipo de pensamiento puede ser recogido
y adecuado a la realidad latinoamericana, como apoyo a la sobrecarga procesal que ya experimentamos.
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