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Ministerio Público, el acusado y el juez. Es evidente que el juez se destaca
de los otros sujetos porque está en un plano superior y distinto, pues
mientras los otros sujetos comparecen ante él solicitando la actuación de
la ley o con una petición de incoación del procedimiento penal, el juez
está llamado a dirimir tales solicitudes. Es la distinción fundamental. Sin
alguno de los sujetos no existe proceso [72] .
En ese orden de ideas, la expresión “sujetos” es genérica y sirve para
cualificar a las personas entre las cuales se forma la relación procesal, la
misma que ha surgido por el conflicto de intereses generado por la comisión
de un ilícito penal [73] , considerándose como sujeto del proceso, pero
no como parte, al juez, quien es un órgano supraordenado a los demás
y que debe decidir el conflicto. Esa condición de órgano “extrapartes” es
imprescindible para que exista el elemento característico de la imparcialidad.
Además, constituye un imperativo del sistema acusatorio y de la
heterocomposición [74] .
Ahora bien, cuántos tipos de “sujetos” encontramos en el proceso penal.
Al respecto, y siguiendo a Jaime Guasp, encontramos dos tipos: aquellos
que han de emitir la decisión y aquellos que solicitan tal decisión [75] . Sin
embargo, un sector de la doctrina estima que los sujetos son únicamente
el acusador, el acusado y el juez [76] . Disentimos de ello, pues hay otros
sujetos procesales perteneciente al grupo que pretenden, aspiran e incluso
solicitan una decisión; así tenemos el caso de la víctima, la cual, al
constituirse en actor civil, hace suya la pretensión resarcitoria; igualmente
el tercero civil, quien participa del conflicto de intereses suscitado entre
el acusador y el acusado, en el extremo de la responsabilidad económica
de este.
[72] Cfr. LEONE, Giovanni. Ob. cit., p. 247.
[73] En efecto, al hablar de delito debemos de pensar que detrás de ello hay una víctima y un responsable, y que ambos
persiguen intereses que esperan ser amparados por la justicia penal. En palabras de Schünemann, no se trata de
una mera oposición contraria al hecho, sino una oposición de intereses directa y sin restricciones jurídicas. Cfr.
SCHÜNEMANN, Bernd. Ob. cit., p. 54.
[74] Cfr. LÓPEZ JUNIOR, Aury Celso. Ob. cit., p. 509.
[75] Cfr. GUASP, Jaime. “Administración de justicia y derechos de la personalidad”. En: Revista de Estudios Políticos,
Nº 17-18, Madrid, 1944, p. 75 y ss.
[76] Cfr. LÓPEZ JUNIOR, Aury Celso. Ob. cit. p. 509.
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