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Guía práctica Nº 2 / Gaceta Penal
general que ellas actúan de acuerdo a la recta razón, comportándose
de acuerdo a los valores, principios y reglas del ordenamiento
jurídico, mientras un tribunal no adquiera la convicción, a través de
los medios de prueba legal, de su participación y responsabilidad en
el hecho punible, determinadas por una sentencia firme y fundada,
obtenida respetando todas las reglas del debido y justo proceso, todo
lo cual exige aplicar las medidas cautelares previstas en el proceso
penal en forma restrictiva, para evitar el daño de personas inocentes
mediante la afectación de sus derechos fundamentales, además del
daño moral que eventualmente se les pueda producir [54] .
Gozaine indica que el principio de inocencia es un derecho del imputado,
pero nunca una franquicia para su exculpación. Esto significa
que la producción probatoria y el sistema de apreciación que tengan
los jueces integran, en conjunto, el principio de razonabilidad que se
espera de toda decisión judicial [55] .
Al respecto, consideramos a la presunción de inocencia como una
garantía individual [56] , como un derecho público contenido en la
Constitución a favor de las personas, que exige que no se considere
verosímil la atribución de cargos contra una persona relacionados
con la comisión de un delito, salvo que exista decisión contraria emitida
por un tribunal competente dentro de la observancia del debido
proceso [57] , así como que se considere como excepcionales aquellas
medidas que restringen la libertad del imputado. Es un poderoso baluarte
de la libertad individual, pues resguarda a los ciudadanos de
los atropellos judiciales, y de la seguridad jurídica [58] .
[54] Cfr. NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. “Consideraciones sobre el derecho fundamental a la presunción de inocencia”.
En: Ius et praxis,. Nº 11, Talca, 2005, p. 221 y ss.
[55] Cfr. GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo. “La presunción de inocencia. Del proceso penal al proceso civil”. En: Revista
Latinoamericana de Derecho, año III, Nº 6, 2006, p. 158.
[56] Las garantías individuales son derechos públicos que deben ser respetados por las autoridades, limitaciones en el
ejercicio de sus funciones, y son derechos subjetivos, pues otorgan una acción personal para lograr que la autoridad
no viole los derechos garantizados por la Constitución. Cfr. GUILLÉN LÓPEZ, Raúl. Las garantías individuales
en la etapa de averiguación previa, Porrúa, México D.F., 2003, p. 98.
[57] En la legislación comparada es interesante lo que establece el artículo 12 de la Constitución de El Salvador: “Toda
persona a quien se impute un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley
y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa”.
[58] CLARIÁ OLMEDO, Jorge. Ob. cit., p. 232.
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