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Guía práctica Nº 2 / Gaceta Penal
Por tal razón, no por un tiempo de duración breve se demuestra la eficacia
del juicio oral en un país –más aún, como etapa central del proceso,
la actuación de pruebas requiere del tiempo necesario a fin de garantizar
los principios del juzgamiento y los derechos de los sujetos procesales–,
como tampoco implica una carta blanca a irregularidades que se cometan
durante su realización [70] .
[70] En ese sentido, nuestra interpretación de la real dimensión de la duración promedio del juicio oral, sin aplicación
de mecanismos consensuales de solución del confl icto penal, no implica que no defendemos el derecho a un
plazo razonable, máxime si tal derecho ha transcurrido por diversas etapas históricas hasta su consagración
como un derecho humano. Así, una primera fase correspondió a la interpretación que en 1968 realizó el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos en el caso Wemhoff, en el que se intentó dar respuesta a una de las cuestiones
que aún no han sido sufi cientemente dilucidadas: qué implica un plazo razonable. Pese a que la Comisión elaboró
la llamada teoría de los siete criterios para establecer los límites de este plazo, el Tribunal rechazó el planteo y por
consiguiente también esa teoría, pero estableció que el plazo debía computarse desde las primeras indicaciones
formales contra el imputado y extenderse hasta la absolución o condena (sin precisar si debe incluir la tramitación
ante la casación). En ese sentido, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos continuaron
con la tesis del no plazo sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que consideró que no
es posible cuantifi carlo en años y meses, sino que es preciso hacer un análisis global del caso en concreto sobre la
base de: a) la complejidad del caso, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades. Este
fue el criterio que sentó desde el principio la Comisión en el caso Firmenich, donde señaló que, más allá de lo que
establezca la ley como límite temporal de la prisión preventiva, es todavía posible que su duración sea razonable
después de cumplido dicho plazo. A este caso le siguió un importante número de precedentes, pero en términos
generales estos tampoco permiten establecer reglas precisas como parámetro orientador.
Un segundo periodo lo podemos encontrar en España, donde la disposición constitucional del artículo 24.2 de 1978
que señala literalmente el derecho de todo individuo a tener “un proceso público sin dilaciones indebidas”, conllevó
que el Tribunal Constitucional español rechace las salidas compensatorias que puedan adoptarse al tiempo de la
sentencia condenatoria, por considerar que la cuestión de la prolongación del proceso no puede traducirse en la
inejecución de la sentencia ni de la responsabilidad criminal alterada por la aplicación de eximentes o atenuantes por
el hecho de la dilación del proceso. De tal modo, la única solución propuesta es la responsabilidad funcional, en su
caso la vía de la reparación civil y las potestades de gracia de los demás poderes (indulto y remisión condicional de la
pena). En el caso de Italia, el tema repercutió más en el intento de establecer procedimientos acelerados para evitar
largas tramitaciones (juicio abreviado, patteggiamento, juicio directísimo, juicio inmediato, etc.) que en la implementación
de instrumentos precisos que impidan la continuación del proceso una vez comprobada la demora.
El sistema anglosajón ya había reconocido estos conceptos en la Carta Magna de 1215. Estados Unidos los incorporó,
en particular, en la Constitución de Virginia y en la enmienda 6ª de su Constitución (1787), que literalmente
indica: “en todos los juicios penales el acusado gozará del derecho a un proceso rápido y público”. Sin embargo, la
interpretación que se hizo de estos principios fue similar a la del TEDH, con la salvedad de que frente a su violación la
justicia norteamericana optó por declarar la nulidad de la acusación, con lo cual tampoco brindó una solución defi nitiva
al problema, porque surgió el riesgo de que el imputado sea sometido a un nuevo juicio debido a que la anulación
impediría hablar de un primer juicio. Para mayores detalles, véase: MARCHISIO, Adrián. Ob. cit., pp. 85-89.
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