El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Javier Ciurlizza / Eduardo González
Además, tampoco se tomó en cuenta el desgaste de la primavera democrática
posfujimorista: conforme pasaba el tiempo, los sectores fujimoristas
y de extrema derecha se hicieron más audaces y atacar a la CVR
como presuntamente hostil a las Fuerzas Armadas se hizo políticamente
rentable para algunos sectores políticos. El apoyo del MP —tradicionalmente
una institución sensible a la presión externa— a la CVR se debilitó
progresivamente.
En algunos casos, la investigación del MP y de la CVR entró en competencia,
creando tensiones entre las instituciones, especialmente cuando
los medios de comunicación reportaban sobre casos de alto perfil que la
CVR investigaba. Otras tensiones surgieron debido al desequilibrio en
cuanto a recursos entre la CVR y el MP. Como una entidad extraordinaria
ad hoc, y a diferencia del MP, la Comisión pudo conseguir recursos significativos
y contratar a expertos para tareas especializadas, como las exhumaciones.
Una de las palancas más fuertes con que contaba la CVR para impulsar
la persecución penal fue la atención pública puesta en su labor y la
reiterada demanda de las víctimas para que hubiera justicia. De acuerdo
con una encuesta de septiembre de 2002, realizada en Lima, el 60,1% de
los entrevistados consideraba que «sancionar a los criminales» era la política
que más contribuiría a la reconciliación nacional. 18
Consciente de su buena imagen pública, la CVR decidió entregar informes
de casos al MP antes de concluir su mandato, con la intención de
estimular la investigación penal. El primer caso, uno que la CVR consideraba
relativamente sencillo, fue entregado en diciembre de 2002, más de
ocho meses antes que la CVR diera a conocer su Informe Final. El informe
del caso preparado para el MP incluía una reconstrucción del caso,
con evidencias de la exhumación y declaraciones de testigos presenciales;
identificaba los presuntos responsables y su posible ubicación; y recomendaba
que el MP iniciara un proceso para responsabilizar a los presuntos
perpetradores y proteger a los testigos.
Posteriormente, la UIE entregó al MP un caso más complejo, que
trataba de cientos de casos de desaparición forzada en el estadio de
18
Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima. Estudio 165; barómetro septiembre 2002.
Lima Metropolitana y Callao.
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