El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

José Hurtado Pozo
es porque esa verdad fáctica encontrada por la Comisión todavía está en
camino de convertirse en verdad socialmente compartida y en verdad con
pleno efecto práctico sobre las acciones del Estado.
De cualquier modo, hoy en día la sociedad peruana sabe mucho más
que antes sobre los hechos que le tocó vivir por la acción inhumana del PCP-
Sendero Luminoso y por la respuesta muchas veces brutal del Estado a dicha
organización. Las cifras de la violencia son parte de esa verdad ahora innegable.
Y aunque todos sabemos que el sufrimiento humano jamás puede quedar
expresado fielmente en números exactos, estos resultan muy relevantes
no solamente porque revelan la magnitud de una desgracia colectiva, sino
también porque aportan un saber útil para el ejercicio de la justicia.
En efecto, una de las conclusiones de la CVR más pertinentes para la
justicia es el haber determinado que los delitos que cometieron los actores
armados, estatales y no estatales, constituyeron «patrones» de crímenes y
violaciones de derechos humanos. Esto desbarata la tesis interesada, muchas
veces sostenida, que trata de disimular la gravedad de los crímenes refiriéndose
a ellos como excesos o como actos aislados. Por el contrario, de la demostración
fehaciente de la generalidad o de la sistematicidad de los crímenes,
dependiendo de actores, escenarios y momentos, fluyen muy precisas
obligaciones para el Estado peruano. Para el sistema judicial, queda la tarea,
todavía lejos de ser cumplida, de procesar esos crímenes con el rigor que su
gravedad demanda, rigor al cual ha de contribuir la aplicación de sendos
instrumentos de derecho internacional suscritos por el Perú en acto soberano
y que, por lo tanto, le generan obligaciones. Para los Poderes Ejecutivo y
Legislativo, el reconocimiento de la gravedad de esos comportamientos criminales
implica el deber de tomar decisiones conducentes al «nunca más», y
entre ellas, las indispensables reformas institucionales así como una difusión
de la memoria histórica que inmunice al país contra una nueva caída en la
violencia y expulse de su vida social los hábitos de discriminación que fueron
el contexto en que operó la violencia en gran escala.
Ciertamente, el cumplimiento de tales tareas, y en particular el ejercicio
de la justicia penal, requiere, además del reconocimiento de la verdad,
muchos otros elementos esenciales: voluntad institucional, un sistema debidamente
organizado para ese fin, una cultura jurídica adecuada a esa misión,
y un buen conocimiento de las normas internacionales que conducen a su
cumplimiento así como la actitud favorable a hacer uso de ellas. Tal tarea
requiere también, naturalmente, la elaboración constante de conocimientos
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