El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Presentación y aplicación de la ley penal
Políticos. 6 Esta «doctrina» de las Naciones Unidas se ve reflejada cotidiana-mente
en las diversas decisiones de los órganos políticos del sistema
en relación con operaciones de paz y mantenimiento del orden en el terreno
en que sistemáticamente se instruye a los representantes de las Naciones
Unidas para que insistan en que los acuerdos a que se llegue no
consagren la impunidad de crímenes internacionales. 7
De todas estas fuentes pueden destilarse al menos cuatro obligaciones
centrales que el Estado está llamado a cumplir y que se aplican no
solamente a los hechos cometidos por agentes del Estado sino, en caso de
conflicto armado, también a los atribuibles a fuerzas alzadas en armas y a
milicias y fuerzas paramilitares que hayan actuado en apoyo de uno u otro
bando. Nos referiremos a ellas separadamente, aunque sin que el orden
en que las presentamos implique necesariamente una prelación.
En primer lugar, el Estado debe organizar una búsqueda exhaustiva
de la verdad en el sentido de investigar y difundir aquello que está oculto
sobre la represión ilegal. La verdad a que alude este primer componente
de las obligaciones internacionales del Estado incluye no solo la verdad
sobre la estructura represiva, sino también una verdad particularizada
para cada una de las víctimas sobre todo lo que se pueda establecer acerca
de las circunstancias en que fueron objeto de violación de sus derechos
y sobre la suerte y paradero de sus seres queridos.
La segunda obligación es la de la justicia. Tratándose de crímenes internacionales,
no es permisible a los Estados mantener tales hechos en la
impunidad. Por eso el derecho internacional establece la incompatibilidad
de las amnistías amplias e irrestrictas con las normas de los tratados sobre
derechos humanos. Aun sin leyes de impunidad, un Estado puede violar
sus obligaciones en forma pasiva si no pone en funcionamiento el aparato
por medio del cual se ejerce el poder público para investigar los hechos,
6
Cfr. especialmente «Comentario general 3 (sobre art. 2)» y «Comentario general 20
(art. 7)». En Compilación de comentarios generales y recomendaciones generales adoptadas por
los órganos de tratados de derechos humanos, 112, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).
7
En nuestro continente, un temprano ejemplo de esta clara postura fue el informe De la
locura a la esperanza de la Comisión de la Verdad para El Salvador, 179 U.N. Doc. S/
25500 (1993), y las declaraciones del entonces secretario general, Boutros Boutros-Ghali,
en respuesta a la amnistía sancionada en ese país. Más recientemente, el informe del secretario
general de la ONU, Estado de derecho y justicia de transición en sociedades en conflicto
y post-conflicto, 3 de agosto de 2004, S/2004/616.
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