El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Lisa Magarrell / Leonardo Filippini
ción alemana en la que el Tribunal Constitucional no hubiera restringido
a los partidos neonazis tempranamente en los años cincuenta. 20 En el
ámbito latinoamericano también vale la pena reflexionar sobre el valor de
la actuación de la Corte Constitucional colombiana en sus decisiones de
tutela, 21 o de la justicia de Guatemala durante el «autogolpe» de 1993. 22
La justicia penal en particular tiene un compromiso propio con la
transición democrática. En un Estado de derecho, la actuación de la justicia
penal resulta uno de los valladares más importantes para las potestades
del Estado. El monopolio de la fuerza no solo está dirigido a mediar la
violencia entre particulares, sino también a racionalizar su empleo por
parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al igual que
ocurre con la administración de justicia en general respecto de la actuación
de los otros poderes de Estado, la rama de la justicia penal, cuya
función arquetípica es la administración y control de la violencia estatal,
es esencial para la reconstrucción efectiva de la confianza en la existencia
de límites al Estado. En los supuestos de conflicto en los cuales los abusos
han sido perpetrados o consentidos por la autoridad estatal hay expectativas
naturales dirigidas directamente a los actores de la justicia penal, pues
precisamente de ellos se espera el ejercicio racional de la violencia. Sin
jueces no hay límites, y sin jueces penales en particular no hay límites
ciertos para el obrar de las agencias punitivas del Estado.
ciones de llevar a cabo el juicio».
20
Cfr. CARBONELL, Miguel. «El nuevo papel del Poder Judicial y la transición a la democracia en
México». En HERNÁNDEZ, Antonio y María VALADÉS (coords.). Estudios sobre federalismo, justicia, democracia
y derechos humanos. Homenaje a Pedro J. Frías. México: IIJ-UNAM, 2003, p. 46. Disponible
en .
Muy interesante también el documento constituyente de la Asociación Jueces para la Democracia,
que refleja el punto de vista de algunos de los propios magistrados de la España posterior a Franco.
.
21
La Constitución Política de Colombia adoptada en 1991 estableció la acción de tutela como un
procedimiento preferente y sumario para pedir la protección de los derechos fundamentales ante
cualquier juez de la República y sin necesidad de que el peticionario sea representado por un abogado
(artículo 86). De acuerdo con la Constitución, la Corte Constitucional revisa todos los fallos de
tutela que se dictan en el país y se pronuncia sobre aquellos que considere necesarios para corregir
la interpretación de las normas constitucionales o unificar la jurisprudencia. Por medio de sus decisiones,
la Corte Constitucional ha consolidado una jurisprudencia progresista no solo con relación a
los derechos civiles y políticos, sino también a los económicos, sociales y culturales.
22
Cuando en 1993, tres años antes de concluirse el proceso de negociaciones de paz, el entonces
presidente Serrano Elías de Guatemala ordenó la disolución del Congreso, la destitución de los magistrados
de la Corte Suprema y se otorgó a sí mismo poderes legislativos de carácter absoluto, la
Corte de Constitucionalidad declaró nulo el decreto presidencial. Cfr. PÁSARA, Luis y Karin WAGNER.
La justicia en Guatemala: bibliografía y documentos básicos. Misión de Verificación de las Naciones
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