El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Ronald Gamarra
miento correcto de la sentencia del TC y que, por supuesto, no alteran
en lo fundamental la concepción, estructura y organización de este fuero.
Así, por ejemplo, 1) no se plantea una real eliminación a la dependencia
y parcialidad de la «justicia militar», pues solo se crea una Sala Suprema
Penal Militar Policial que, de manera forzada, se incrusta en la Corte Suprema
—aunque cuidándose de regular una composición mixta y, sobre
todo, una mayoría castrense en ella— mientras que las demás instancias
judiciales no tienen conexión orgánica ni forman parte de la estructura
del Poder Judicial, reproduciendo más bien el anterior esquema organizativo
y paralelo previsto en la ley Orgánica de la Justicia Militar; 2) el presidente
de la Sala Suprema —de procedencia militar— es el titular y
conductor del Pliego Presupuestal; 3) corresponde a esta Sala, nada menos,
que dirimir las contiendas de competencia tratándose de delitos de
función; 4) los magistrados forman parte de un Cuerpo Judicial Penal Militar
Policial y su carrera es administrada por la Sala Suprema Penal Militar
Policial, serán oficiales en actividad y deberán contar con una formación
jurídico militar policial; y 5) los magistrados serán nombrados por el
Consejo Nacional de la Magistratura en un plazo de hasta cuatro años;
mientras tanto, se plantea la designación temporal de jueces, vocales y
auxiliares jurisdiccionales por la Sala Suprema Penal Militar Policial.
En el tema de la justicia militar, como en otros, el Congreso y los
partidos allí representados han mostrado una clamorosa falta de voluntad
política para llevar adelante la reforma democrática de las instituciones;
un creciente malestar ante la actividad del Tribunal Constitucional; y, por
cierto, estar muy atentos a los intereses del novísimo sector castrense de
casi 100.000 electores.
3. El Poder Judicial
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto armado interno
que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia
más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de
la República. La cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es
de 69.280 personas, siendo la población campesina la más afectada (de la
totalidad de víctimas reportadas, el 79% vivía en zonas rurales, el 75% tenía
el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno y el 56%
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