El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Los procesos penales contra las organizaciones terroristas
que la norma no tenía el nivel suficiente para limitar un derecho
fundamental del interno (mantener contacto con sus familiares), y
debió darse una norma con rango de ley para ello.
– En un segundo caso, la Sala Penal Nacional se pronunció por la invalidez
de una sanción aplicada a un interno de la base naval, por
considerar que con ello se violaba el principio de legalidad, en tanto
la supuesta falta cometida por el interno y su sanción no se encontraban
establecidas en el Código de Ejecución Penal, y si bien sí se
encontraban previstas en el Reglamento de la base naval, dicha norma
no podía oponerse a una de superior jerarquía, como el Código.
– Finalmente, nuevamente respecto a la base naval, se dispuso que la
administración de dicho establecimiento pasara a ser responsabilidad
del Instituto Nacional Penitenciario, dejando de tener la Marina de
Guerra dicha labor.
5.1.6. Diversidad de criterios jurisprudenciales
Un hecho que ha marcado el proceso es el que, luego de dictadas las sentencias
por la Sala Penal Nacional, estas hayan sido impugnadas ante la
Corte Suprema, la cual al momento de resolver ha mostrado diversidad
de criterios, según se tratase de la Sala Penal Permanente o la Sala Penal
Transitoria. Ambas tienen criterios disímiles sobre algunos temas, no existiendo
por lo tanto una unidad de criterio al respecto. Finalmente, debe
señalarse la dificultad, en algunos casos, del traslado de los fiscales a los
lugares de juzgamiento, acompañando a la Sala Penal Nacional.
5.1.7. El doble juzgamiento
Como se ha observado, tanto las sentencias del Tribunal y la Corte Interamericana,
así como las conclusiones de la CVR, si bien consideran que
en los primeros procesos se violaron derechos humanos de las personas
acusadas por terrorismo, en ningún momento establecen que, como modo
de cumplimiento de sus sentencias o recomendaciones, se debería otorgar
una libertad inmediata a los detenidos. 61 Por el contrario, se solicitaba la
modificación de la legislación y posteriormente un nuevo juzgamiento.
61
Un caso particular es el de la ciudadana María Elena Loayza Tamayo, inicialmente encontrada
inocente del delito de traición a la patria por la justicia militar y posteriormente condenada por la
163