El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Los procesos penales contra las organizaciones terroristas
14. […] adoptar las medidas apropiadas para reformar las normas
que han sido declaradas violatorias de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en la presente sentencia y asegurar el goce de
los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción,
sin excepción alguna. 6
Un primer reconocimiento de los excesos de la legislación y una acción
para reparar los derechos vulnerados, motivado por los continuos
cuestionamientos al Estado peruano, fue la creación de la Comisión Ad
Hoc 7 para evaluar las solicitudes de indulto o derecho de gracia para los
procesados o sentenciados que se considerasen inocentes. 8
La labor de dicha Comisión, desde agosto de 1996 hasta el 31 de diciembre
de 1999, 9 dio como resultado inicial la libertad de 485 personas,
cifra que posteriormente se amplió hasta los 759 a fines del 2005, conforme
se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N. O 1. Personas privadas de libertad por delitos de terrorismo y traición a la
patria indultadas por ser consideradas inocentes
Gobierno Períodos Número de indultados
Alberto Fujimori agosto de 1996 - noviembre de 2000 513
Valentín Paniagua noviembre de 2000 - julio de 2001 154
Alejandro Toledo julio de 2001 - diciembre 2005 92
TOTAL 759
Fuente y elaboración: Equipo de Secuelas de la Violencia. Adjuntía para los Derechos
Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.
6
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Castillo Petruzzi y otros. Sentencia del 30 de
mayo de 1999. Serie C N. o 52, párrafo 226 (Puntos resolutivos).
7
Creada mediante la ley 26655 (aprobada el 17 de agosto de 1996) y conformada por un representante
del presidente de la República, el defensor del pueblo y el ministro de justicia. La ley establecía
un plazo inicial de funcionamiento de seis meses (prorrogable por una única vez), pero posteriores
normas (leyes 26749, 26840, 26895, 26940 y 27014) la extendieron hasta el 31 de diciembre de
1999, fecha en la que por mandato de la ley 27234 se asignó su labor al Consejo Nacional de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia. La elección del mecanismo jurídico para brindar la libertad
de estas personas estuvo precedido de un cuestionamiento, debido a que el indulto como el derecho
de gracia son gracias presidenciales, mecanismo de perdón que la Constitución asigna al presidente
de la República, por lo que, en puridad, se trataba de «culpables perdonados» y no se reconocía la
inocencia de dichas personas. No obstante, resultaba el mejor mecanismo para obtener su libertad y
existía un reconocimiento estatal y social de lo injustificado de su privación de libertad.
8
La forma en que estuvieron regulados y fueron realizados los procesos originó que muchas personas
inocentes fueran sentenciadas. Esta situación llegó a ser insostenible en tanto los casos de error judicial
eran evidentes, lo que fue reconocido por las propias autoridades del gobierno de turno.
9
Cuando el Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia asumió dicha labor,
utilizando los informes e indagaciones realizadas por la Comisión Ad Hoc.
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