El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Los procesos penales contra las organizaciones terroristas
3.3. El Poder Judicial: la Sala Penal Nacional de Terrorismo
Lo que se conoce actualmente como Sala Penal Nacional para casos por terrorismo
(Sala Penal Nacional), entendida como una instancia judicial encargada
del juzgamiento de los casos de terrorismo, existe desde 1997,
cuando por disposición de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema
se creó la Sala Penal Corporativa para Casos de Terrorismo con Competencia
a Nivel Nacional, 31 que reemplazó al sistema de juzgamiento vigente
desde 1992 basado en los denominados «jueces sin rostro». Posteriormente,
en enero de 2001, su competencia se amplió a los delitos considerados
como «terrorismo especial». 32 En julio de 2002 se restituyó su exclusiva competencia
para los casos de terrorismo, 33 para luego, en septiembre de 2004,
ampliarse nuevamente hacia los delitos Contra la Humanidad y otros que
hayan implicado violación de derechos humanos. 34 La Sala Penal Nacional
se encuentra integrada por:
– Cuatro juzgados penales supraprovinciales, encargados de dirigir la
investigación de los procesos por terrorismo, con competencia a nivel
nacional. Su labor se realiza paralelamente con cuatro fiscalías provinciales
penales, encargadas de presentar la denuncia y seguir el
proceso de investigación.
– Cuatro salas penales, encargadas del juzgamiento de los acusados por
terrorismo, con competencia a nivel nacional. Su labor se realiza paralelamente
con cuatro fiscalías superiores en lo penal, encargadas de
fundamentar la acusación durante el juicio oral.
La competencia de la Sala Penal Nacional cubre todo el territorio del
país, 35 pero a la vez puede establecer una coordinación con las cortes su-
31
Resolución administrativa 001-97-SPPCS-T-PJ, del 10 de diciembre de 1997.
32
Resolución administrativa 009-2001-CT-PJ, del 11 de enero de 2001. Los casos de «terrorismo especial»
se trataban de delitos comunes (básicamente criminalidad organizada) a los que se les dio
una denominación especial por un conjunto de decretos legislativos sobre Seguridad Nacional dados
en 1988. Esta medida adoptada por el gobierno del presidente Fujimori, trataba de establecer mayores
sanciones y restricciones de derechos para los procesados por delitos de especial gravedad, de
manera similar a los casos de terrorismo.
33
Resolución administrativa 097-2002-CE-PJ, del 5 de julio de 2002.
34
Resolución administrativa 170-2004-CE-PJ, del 30 de setiembre de 2004.
35
Los juzgados y salas de la Sala Penal Especial tienen su sede en Lima, pero son competentes para
investigar y juzgar los hechos ocurridos en cualquier lugar del país, pudiendo desplazarse hacia los
149