El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

José Hurtado Pozo
3. Fundamentos éticos y políticos
Los argumentos jurídicos en apoyo de obligaciones afirmativas del Estado
en relación con violaciones masivas o sistemáticas de los derechos son
contundentes, aunque se trate de «principios emergentes» que surgen de
decisiones jurisprudenciales más que de la letra de los tratados. Digamos,
en todo caso, que esos principios emergentes han encontrado consagración
en el Estatuto de Roma de 1998, que es el tratado internacional que
da origen a la Corte Penal Internacional, tratado que en estos pocos años
ha obtenido más de cien ratificaciones.
Pero sería irresponsable no reconocer que, con o sin estas normas
obligatorias, el problema de qué hacer ante estas violaciones presenta dimensiones
éticas y políticas a los Estados en trance de democratización o
de recuperación de sus instituciones. El primero de tales dilemas es dilucidar
si resulta válido insistir en la verdad y la justicia cuando hay un alto
riesgo de que tal insistencia conlleve a una interrupción o demora del
proceso democrático. Dicho más crudamente, se plantea la cuestión de si
el líder democrático debe insistir en la reivindicación de estos valores en
caso de que el precio de ello sea la vuelta al pasado y quizá a abusos más
violentos. Evidentemente, este argumento en contra de la verdad y la
justicia puede tener valor cuando la amenaza es real y el peligro es
constatable. Sin embargo, casi siempre se esgrime como pretexto para no
hacer nada sin siquiera ofrecer alguna prueba de tal amenaza. En los hechos,
la percepción de una amenaza obedece más a la mentalidad pasiva
y sumisa ante el statu quo de ciertos gobernantes que a una real posibilidad
de intervención violenta de parte de las fuerzas que ya están en retirada.
Por cierto, un gobernante que se guíe por la ética de la responsabilidad,
al decir de Max Weber, debe sopesar las consecuencias de sus actos
de gobierno. Pero debemos ser conscientes de que las llamadas amenazas
de reflujo autoritario constituyen un verdadero chantaje a la democracia
por parte de quienes rehúsan abandonar sus privilegios. En todo caso —y
asumiendo que el riesgo es real— se trata de un argumento para medir
los pasos que se tomen y para encontrar los tiempos adecuados para insistir
en los mecanismos de verdad, justicia, reparación y reforma
institucional, pero de ningún modo constituye ese riesgo un argumento
válido para determinar a priori lo que no se puede hacer.
A veces el argumento ético en contra de la rendición de cuentas por
estos abusos asume ropajes de magnanimidad religiosa al sugerir que nada
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