El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Derechos humanos, justicia y transición democrática: el balance institucional
plazo de 35 días calendario, dicte el nuevo Código de Justicia Militar Policial,
que incluya la norma penal, procesal penal y de ejecución. En el debate,
los voceros de la propuesta alegaron que el Congreso no estaba «en
condiciones de elaborar un Código de Justicia Policial y Militar»; que el
código «lo pueden elaborar» los especialistas «que están en el Consejo
Supremo de Justicia Militar», que el Ejecutivo «ya tiene los proyectos elaborados
en ese sentido» y que en la comisión que nombre el Ejecutivo
«no cabe que se metan otras organizaciones ajenas». 10 Es decir, expusieron
como argumento la completa renuncia a legislar, la entrega del tema a los
militares y la virtual exclusión de la sociedad civil en el análisis y decisión
del tema.
Pues bien, el 6 de diciembre se publicó la ley 28636 en los términos y
condiciones antes anotados, y un día después la resolución suprema 071-
2005-DE/SG que designa a la comisión encargada de la elaboración del
Código de Justicia Militar Policial. La integran un representante del Ministerio
de Justicia, quien la presidirá; dos representantes del Ministerio
de Defensa; dos representantes del Ministerio del Interior; y dos representantes
del Consejo Supremo de Justicia Militar.
En evidente confirmación del control militar del tema y las circunstancias,
es de destacar que la propia resolución suprema no fue generada
desde el Ministerio de Justicia sino desde el Ministerio de Defensa, y que
la composición mayoritaria de la Comisión está vinculada al sector Defensa,
pese a que se trata de un tema que compete trascendentalmente a
la administración de justicia. Además del hecho que se ha excluido toda
participación de instituciones tales como el Poder Judicial, el Ministerio
Público y la Defensoría del Pueblo. Ni qué decir de la sociedad civil.
En cuanto a la ley Orgánica de la Justicia Militar, es evidente que lo
aprobado en el Congreso es un claro desafío al TC, si se tiene en cuenta
que va a contracorriente del derrotero trazado por el supremo intérprete
de la Constitución en su sentencia recaída en el expediente 0023-2004-
AI/TC. La propuesta aprobada, convertida en ley 28665, publicada el 7
de enero de 2006, se limita a introducir parciales modificaciones y determinados
ajustes a la justicia castrense, los cuales no significan un cumpli-
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Justicia Militar: ofensiva castrense. Disponible en .
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