El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Eduardo Vega Luna
que aportan elementos sustanciales al proceso penal y devuelven la expectativa
a las víctimas en la acción de la justicia.
De esta forma, el sistema de justicia peruano enfrenta, una vez más,
el enorme reto de investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones
de los derechos humanos cometidas en el pasado. Durante los
años de violencia, la justicia peruana fue ineficiente para juzgar estos casos.
La desidia en las investigaciones, el traslado de competencia a la justicia
militar y, posteriormente, la promulgación de las leyes de Autoamnistía
de 1995, generaron un clima de impunidad bastante generalizado.
No se trata de promover ni avalar actos de venganza o de persecución
indiscriminada contra personas inocentes, como han señalado algunos
políticos y militares. Se trata de dar paso naturalmente a la justicia
penal para que sea ella la que establezca las responsabilidades específicas
sin presiones de ningún tipo.
Lo que sí resultaría inaceptable es que se pretenda impedir cualquier
investigación penal como se hizo en el pasado por medio de las leyes de
Autoamnistía. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso Barrios Altos hace inviable cualquier obstáculo a la labor
de la justicia.
El presente texto presenta un balance de los avances y deficiencias
observados en la judicialización de los casos investigados por la CVR,
después de más de dos años de concluida su labor. En lo sustantivo se recoge
el Informe Defensorial N. o 97, A dos años de la CVR, elaborado por
la Defensoría del Pueblo de Perú, en cuya investigación y elaboración he
participado.
1. Avances en el proceso de judicialización de crímenes contra
los derechos humanos en el Perú
Hasta diciembre de 2005, en que se escribe este texto, el hecho más significativo
es la detención del ex presidente Alberto Fujimori en Chile
luego de su sorpresivo arribo a la ciudad de Santiago. Ello ha originado
que las autoridades peruanas actúen de manera rápida para poner en
marcha el proceso de extradición. El ex mandatario enfrenta 22 procesos
penales en el Perú, 12 de los cuales tienen en la actualidad pedidos de
extradición ante las autoridades chilenas, referidos en su mayoría a acusaciones
por casos de corrupción.
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