El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Eduardo Vega Luna
ción de la retroactitividad [...] de lo que se sigue que si bien el instituto
de la prescripción se funda en la primacía del valor seguridad jurídica
frente al valor justicia, en el caso de los delitos como los instruidos
(por su especial gravedad y naturaleza) tal primacía se invierte a favor
de la justicia y por ende el Estado se halla obligado a ejercer los mecanismos
y procedimientos legales destinados a la investigación y sanción
de los que resultaren responsables de tales delitos […]
Esta resolución, establece un precedente importante en el proceso de
judicialización de casos de violaciones de derechos humanos, porque consolida
el principio de la imprescriptibilidad de los delitos que constituyen
violaciones de los derechos humanos.
«Excepciones de cosa juzgada». Esta excepción ha sido presentada
por nueve procesados en el caso de los sucesos en los penales en junio de
1986, 2 procesados en el destacamento Colina, un procesado en el caso
de desaparición de candidatos en Huancapi y un procesado en el caso de
violaciones de los derechos humanos en el Batallón Contrasubversivo
N.° 313 de Tingo María. Los argumentos esbozados por los órganos judiciales
para declarar infundadas estas excepciones se refieren, básicamente,
a la inexistencia de una resolución firme, la inexistencia de una resolución
emitida por un órgano competente o la falta de identidad de delitos
entre el proceso anterior y el actual.
En el caso de los sucesos en los penales de junio de 1986 (El Frontón),
el juez penal declaró infundada la excepción de cosa juzgada interpuesta
al señalar que la resolución emitida por la Sala de Guerra del
Consejo Supremo de Justicia Militar, no produce los efectos de la cosa
juzgada al haber sido expedida por un órgano incompetente:
[...] se debe tener en cuenta si la Sala de Guerra del Supremo Tribunal
Militar que emitió el auto de sobreseimiento [...] era la competente
para hacerlo [...] así tenemos, que el artículo 173 del mismo cuerpo
de leyes [Constitución Política], regula la competencia del Fuero Militar;
encontrándose una de ellas, referida a los delitos de función cometidos
por los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional
[...], que, la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional
—acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del
Pueblo contra diversos artículos de la Ley N.° 24150 [...]— define el
delito de función, como: a) se trata de afectaciones sobre bienes jurídicos
de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional [...]; b) el sujeto
activo del ilícito penal-militar debe ser un militar o efectivo policial en
situación de actividad [...]; c) el ilícito penal afecte un bien jurídico
protegido por las instituciones castrenses o policiales [...]; en consecuencia,
no dándose los presupuestos de la excepción planteada, señalados
en el artículo 5° del Código de Procedimientos Penales, se re-
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