El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Luis E. Francia Sánchez
Sin negar la eventual existencia actual de internos inocentes, lo cierto
es que al finalizar el año 2000 (cuando culmina el régimen fujimorista) los
cuestionamientos principales habían dejado de fijarse en los casos de las
personas inocentes en prisión y se centraban en la validez de los procesos
por los que fueron sentenciados los acusados por terrorismo y «traición a la
patria», en tanto no podían pasar un test básico de constitucionalidad o de
respeto a las garantías mínimas de administración de justicia reconocidas
en los instrumentos internacionales de derechos humanos y por la propia
Constitución.
Algunas normas habían sido modificadas, y permitían mejorar aspectos
procesales y del régimen penitenciario (progresivamente flexibilizado),
pero ello no lograba que la legislación peruana superara las críticas formuladas.
Durante el régimen de Fujimori se dieron las siguientes normas:
– La ley 26248 (25 de noviembre de 1993) derogó la obligación de resolver
las cuestiones previas, prejudiciales y las excepciones en el
cuaderno principal y al momento de la sentencia. Así mismo, se derogaron
el artículo 18 del decreto ley 25475 que prohibía a los abogados
patrocinar a más de un procesado simultáneamente, el decreto
25728, que permitía la condena en ausencia y el decreto ley 25659
que limitaba la interposición de hábeas corpus.
– La ley 26447 (21 de abril de 1995) derogó la limitación de la intervención
del abogado a partir de la manifestación policial.
– La ley 26671 (12 de octubre de 1996) derogó la figura de fiscales y
jueces «sin rostro» desde el 15 de octubre de 1997.
– La ley 27079 (29 de marzo de 1999) hizo posible el cambio de la orden
de detención por la de comparecencia en el caso de los arrepentidos.
– El decreto supremo 005-97-JUS (25 de junio de 1997) estableció un
«Reglamento del Régimen de Vida y Progresividad del Tratamiento
para Internos Procesados y/o Sentenciados por delito de Terrorismo
y/o Traición a la Patria», el cual desarrolló lo señalado en lo establecido
en los decretos leyes 25475 y 25744. Dicho régimen de vida limitó
sensiblemente derechos de los internos: la visita de familiares
(se excluía a las amistades), el acceso al patio, la visita íntima, el trabajo
y la educación. No obstante, durante el mismo régimen fujimo-
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