El legado de la verdad: La justicia penal en la transiciÃ³n peruana

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José Hurtado Pozo es porque esa verdad fáctica encontrada por la Comisión todavía está en camino de convertirse en verdad socialmente compartida y en verdad con pleno efecto práctico sobre las acciones del Estado. De cualquier modo, hoy en día la sociedad peruana sabe mucho más que antes sobre los hechos que le tocó vivir por la acción inhumana del PCP- Sendero Luminoso y por la respuesta muchas veces brutal del Estado a dicha organización. Las cifras de la violencia son parte de esa verdad ahora innegable. Y aunque todos sabemos que el sufrimiento humano jamás puede quedar expresado fielmente en números exactos, estos resultan muy relevantes no solamente porque revelan la magnitud de una desgracia colectiva, sino también porque aportan un saber útil para el ejercicio de la justicia. En efecto, una de las conclusiones de la CVR más pertinentes para la justicia es el haber determinado que los delitos que cometieron los actores armados, estatales y no estatales, constituyeron «patrones» de crímenes y violaciones de derechos humanos. Esto desbarata la tesis interesada, muchas veces sostenida, que trata de disimular la gravedad de los crímenes refiriéndose a ellos como excesos o como actos aislados. Por el contrario, de la demostración fehaciente de la generalidad o de la sistematicidad de los crímenes, dependiendo de actores, escenarios y momentos, fluyen muy precisas obligaciones para el Estado peruano. Para el sistema judicial, queda la tarea, todavía lejos de ser cumplida, de procesar esos crímenes con el rigor que su gravedad demanda, rigor al cual ha de contribuir la aplicación de sendos instrumentos de derecho internacional suscritos por el Perú en acto soberano y que, por lo tanto, le generan obligaciones. Para los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el reconocimiento de la gravedad de esos comportamientos criminales implica el deber de tomar decisiones conducentes al «nunca más», y entre ellas, las indispensables reformas institucionales así como una difusión de la memoria histórica que inmunice al país contra una nueva caída en la violencia y expulse de su vida social los hábitos de discriminación que fueron el contexto en que operó la violencia en gran escala. Ciertamente, el cumplimiento de tales tareas, y en particular el ejercicio de la justicia penal, requiere, además del reconocimiento de la verdad, muchos otros elementos esenciales: voluntad institucional, un sistema debidamente organizado para ese fin, una cultura jurídica adecuada a esa misión, y un buen conocimiento de las normas internacionales que conducen a su cumplimiento así como la actitud favorable a hacer uso de ellas. Tal tarea requiere también, naturalmente, la elaboración constante de conocimientos 12
Presentación y aplicación de la ley penal precisos sobre las restricciones, posibilidades y necesidades de nuestro sistema de justicia para enfrentar el difícil legado de la violencia. Será mediante la vigilancia, la reflexión y la discusión comprometidas y al mismo tiempo objetivas de estos temas como se podrá producir las propuestas necesarias para que la justicia avance en el Perú. Es a ese aspecto de la tarea, en efecto, que contribuye de manera inmejorable la presente publicación debida a la iniciativa del Centro Internacional para la Justicia Transicional y en particular de sus editores, Lisa Magarrell y Leonardo Filippini. Gracias a su interés y a su amistosa preocupación por el proceso de transición en el Perú contamos hoy con este esclarecedor aporte a un diálogo que se debe proseguir y profundizar. SALOMÓN LERNER FEBRES Presidente de IDEHPUCP Lima, febrero de 2006 13
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