El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

La responsabilidad penal de los agentes del Estado
2. Dificultades en el proceso de judicialización de crímenes
contra los derechos humanos en el Perú
2.1. La no implementación de un sistema de protección para las
víctimas
Una de las principales dificultades observadas en el proceso posterior a la
CVR es que no se ha implementado un sistema eficaz de protección para
víctimas, testigos y familiares. A pesar de la existencia de una legislación
vigente que obliga a implementar mecanismos de protección en casos de
derechos humanos, esta no se ha hecho efectiva, principalmente por la
falta de recursos para su implementación, pero también debido a la desidia
de las autoridades para actuar frente a este delicado tema.
En 11 de los 22 casos judicializados, la CVR recomendó la adopción
de medidas de protección para las víctimas, testigos o sus familiares y colaboradores.
Sin embargo, solo en dos casos se aplicaron medidas que
además fueron inadecuadas, pues se puso en peligro la integridad de las
personas.
Esta situación ha implicado que se presenten situaciones de amenaza
contra algunas víctimas en los procesos.
2.2. Insistencia de la justicia militar para juzgar casos de
violaciones de los derechos humanos
A pesar de los pronunciamientos emitidos por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional Peruano y la Corte Suprema,
el fuero militar insiste en tener competencia para juzgar casos de
violaciones de los derechos humanos. Tal es así que actualmente viene
procesando a más de 17 militares de alta graduación por crímenes que
fueron investigados por la CVR. Incluso en estos casos ha sostenido su
competencia contrariando los diversos pronunciamientos que existen sobre
la materia.
En efecto, durante la etapa posterior a la CVR se ha dado cuenta de
dos casos: el homicidio de Indalecio Pomatanta Albarrán y la desaparición
forzada de autoridades de Chuschi, en los que la Corte Suprema ha
resuelto las contiendas de competencia a favor del fuero ordinario concordando
con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y el Tribunal Constitucional Peruano.
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