El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

El papel de la sociedad civil en la demanda y promoción de justicia
la Comisión Interamericana. Estas han encontrado su cauce jurídico en las
sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia en los casos sobre contienda
de competencia iniciados por el fuero castrense. Específicamente, las
decisiones en los expedientes 29-2004 (Caso Chuschi) y 18-2004 (Caso
Indalecio Pomatanta) pusieron fin formalmente a la intromisión del fuero
castrense en el procesamiento de violaciones de derechos humanos.
Así mismo, la instalación de un subsistema judicial en virtud de las recomendaciones
de la CVR y la creación de fiscalías especializadas para casos de
violaciones de derechos humanos, anuncian un panorama alentador en la
búsqueda de verdad y justicia, el cual tiene que ser seguido de cerca por parte
de la ciudadanía como principal fiscalizadora de la justicia en nuestros
tiempos.
Desde los organismos en pro de los derechos humanos, este período
posterior a la CVR ha sido crucial. La demanda de justicia proveniente
de sectores de familiares organizados —como son las madres de la Asociación
Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos
en Zona de Emergencia (ANFASEP)— desbordan la capacidad de cualquier
organización. Por ello —y en consulta y coordinación permanente—
se ha tratado de dar una salida a este clamor, mediante investigaciones
por patrones en torno a los cuales se agrupaban los casos para su
judicialización.
La CVR dio un paso en este sentido al unificar casos de desaparición
forzada y ejecución extrajudicial de 1983 y 1984 producidos en Huamanga,
Ayacucho, 23 cuyas víctimas tuvieron como destino —luego de ser detenidas—
el cuartel militar Los Cabitos. La CVR presentó los hechos como
un patrón de violaciones sistemáticas y generalizadas. Desde el movimiento
en pro de los derechos humanos —y específicamente desde APRODEH
con el apoyo del International Center for Transitional Justice (ICTJ)— se
profundizó en esta investigación adicionando otras víctimas de estos
períodos, así como casos de ciudadanos que padecieron detención ilegal en
dicho cuartel militar y que fueron víctimas y testigos de las torturas que ahí
se infligían. Esta salida ha sido adoptada por el resto del movimiento en
23
Producto de sus investigaciones, la CVR llegó a establecer que el Cuartel Domingo Ayarza de
Ayacucho, más conocido como Cabitos, fue uno de los principales centros de reclusión, tortura, ejecución
extrajudicial y desaparición forzada durante los años 1983 y 1984. Un aproximado de 120 personas
fueron recluidas en dicho cuartel y hasta la fecha se encuentran en calidad de desaparecidas.
(Caso Cabitos).
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